Ya hay acuerdo político en torno a la modificación de la Directiva 2005/35/CE, por la que hasta ahora se venían rigiendo los vertidos de la flota y las sanciones vinculadas a los delitos de contaminación. Se trata de un marco legislativo que llegó a raíz de los siniestros de los petroleros Erika y Prestige, y que con este nuevo cambio extremará todavía más el control sobre los barcos que navegan en aguas comunitarias. Con la modificación, se amplía su ámbito de aplicación para abarcar más tipos de sustancias nocivas derramadas al mar, y precisamente ante ello se pronunció el sector pesquero a finales de noviembre, advirtiendo sobre el posible impacto para la pesca que podría traer consigo “la inclusión de disposiciones sobre las emisiones de óxido de azufre y óxido de nitrógeno procedentes de los gases de escape de los buques”. El Comité de Pesca del Parlamento Europeo (PECH) solicitó al de Transportes, responsable de la materia, que tuviese en cuenta las altas exigencias planteadas con relación a la antigüedad de la flota. Y pidió que la ampliación del ámbito de aplicación se reflejase “firmemente” en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), con un “mayor apoyo” a los motores de bajas emisiones y a la renovación de las embarcaciones.