La pesca argentina logró frenar el voraz efecto de la Ley Ómnibus sobre el sector. Se impuso en un paro que dejó puertos como el de la imagen, completamente paralizados, y gracias a su resistencia consiguió domar las amenazas del Ejecutivo de Javier Milei. Las apaciguó hasta hace solo unos días, cuando el propio ultra reconocía que no iba a ser cómplice “de los negocios de algunos con la industria pesquera”. Volvió a tensionar así un problema que parecía ya darse por superado, tras no prosperar un combo de políticas que afectaban a más de 80 pesqueros de capital gallego y pusieron en riesgo 400 millones de euros de negocio.