Los trabajadores de Celsa denuncian que los fondos están "expoliando" la siderúrgica con la venta de sus plantas en el extranjero

Los sindicatos CCOO y UGT han emitido este jueves un comunicado en el que acusan a la actual dirección de Celsa de estar iniciando un "expolio programado" de los bienes del gigante siderúrgico. Los representantes de los trabajadores, unos 10.000 en todo el grupo, denuncian que los nuevos propietarios de la corporación, hasta hace poco gobernada por los Rubiralta, la familia fundadora, tienen planeado vender los activos de la compañía en el extranjero, más concretamente las plantas en Polonia, Noruega y Reino Unido.

Fuentes de la dirección de Celsa confirman que han contratado al banco de inversión Citi para que realice una "valoración de las filiales extranjeras del Grupo". Si bien aclaran que todavía no han tomado una decisión definitiva. "Esta decisión responde a la voluntad que tiene la compañía de profundizar en el conocimiento y alternativas que ofrecen sus divisiones internacionales. Se trata de un ejercicio de exploración y en ningún caso se ha tomado ninguna decisión concreta", afirman desde la dirección.

En septiembre del 2023 un juez dictó una sentencia pionera, en base a la nueva ley concursal, y traspasó la propiedad de Celsa a sus fondos acreedores. Hasta entonces el gigante siderúrgico, el mayor productor de acero de toda Europa y con una facturación anual de 6.000 millones de euros, pertenecía a una de las ramas de la familia Rubiralta. Era la empresa familiar catalana más grande y estaba gobernada por Francesc Rubiralta. El problema que tenían es que su estrategia empresarial la sustentaron en los últimos años en contraer cantidades crecientes de deuda, hasta el punto de superar los pasivos en más de 2.800 millones de euros.

En virtud de parte de esa deuda y aprovechando la nueva ley concursal, parte de los fondos acreedores ejecutaron su opción de cambiar el importe de dicha deuda por acciones de la compañía. El juez determinó el septiembre pasado que la deuda contraída superaba el valor de la compañía y los fondos pudieron arrebatar a los Rubiralta la propiedad de Celsa.

El aterrizaje de los fondos en la dirección no ha sido cordial con los trabajadores, que ya desconfiaban de los mismos por sus potenciales intereses en maximizar la rentabilidad de los activos recién adquiridos y primar su beneficio a la estabilidad y prosperidad del grupo. Un conflicto con la organización de los turnos de trabajo provocó que la plantilla le convocara una huelga a la dirección y este jueves han dado un paso más allá y han acusado a los propietarios de querer expoliar la compañía.

"Solicitamos que el Ministerio [de Industria] y el Gobierno prohíban claramente las desinversiones programadas y contemplen la rápida entrada del socio industrial siderúrgico español, el cual participe en el diseño del plan industrial del grupo", han manifestado las centrales en su comunicado conjunto.

Y es que una de las condiciones que le puso el Gobierno a los fondos extranjeros para no vetar la operación fue "garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la continuidad del domicilio social en España y la puesta en marcha de una gobernanza corporativa moderna, independiente y profesional". Es decir, no podían empezar a trocear los activos del grupo para venderlos, sacar así dinero y recuperar parte o todo lo invertido en su día en deuda.