El salario mínimo catalán vive su enésimo tropiezo y se cae de los presupuestos del Govern

El salario mínimo catalán sigue sin convertirse en una realidad tangible para los trabajadores catalanes, cuatro años después de que el hoy president Pere Aragonès pusiera encima de la mesa la necesidad de establecer un sueldo básico superior al del resto de españoles. La Generalitat, las patronales y los sindicatos más representativos no han logrado desatascar esta cuestión dentro del acuerdo de mínimos para los presupuestos del 2024, que rubricaron la semana pasada en el Palau de la Generalitat. La propuesta oficial de salario mínimo de referencia en Catalunya es de 1.371 euros brutos (en 14 pagas). Todas las fuentes consultadas y presentes en las negociaciones de Palau confirman que desarrollar el salario mínimo de referencia en Catalunya estuvo sobre la mesa hasta el día antes del acuerdo. Y si bien las partes lograron acercarse a un consenso de mínimos para que la Generalitat hiciera un estudio que evaluara el impacto presupuestario que tendría implementar esta medida, finalmente dicha propuesta quedó en nada. El salario mínimo de referencia de Catalunya (SMR) fue una iniciativa que puso en marcha Pere Aragonès en 2019, cuando era vicepresident de la Generalitat y recuperando así una reivindicación histórica de parte de la izquierda soberanista, ambiciosa de tener una referencia salarial singular para Catalunya. Ante la ausencia de competencias legislativas, cualquier pretensión del Govern de establecer un salario mínimo catalán pasaba por el consenso y el entendimiento con los agentes sociales. Es decir, que en Catalunya nadie cobrara menos porque patronales y sindicatos así lo aceptaban (y pagaban) voluntariamente. El problema hasta ahora es que ese entendimiento ha sido imposible y a día de hoy ningún convenio vigente en Catalunya incluye mención o referencia alguna al salario mínimo catalán. El fracaso, en este aspecto, de las negociaciones en Palau confirma el mal momento que vive el diálogo social catalán, incapaz de llegar a acuerdos amplios y vinculantes. Estudios sin más concreción La última referencia oficial que remitió la Generalitat a los agentes sociales es que el salario mínimo de referencia en Catalunya debiere ser de 1.319 euros brutos al mes (en 14 pagas). Fue en noviembre del 2022 y para establecer dicha cifra se valió de la referencia del equivalente al 60% del salario medio en Catalunya. Ahora, emulando la metodología seguida por el departamento de Economia, ese salario de referencia debiere rondar los 1.371 euros (en 14 pagas). Por ponerlo en perspectiva, el salario mínimo interprofesional (SMI), el legal para toda España, está en 1.080 euros. El salario mínimo catalán aspira a ser de 1.370 euros, frente a los 1.080 del SMI español El 24 de noviembre el Govern sentó a patronales y sindicatos para empezar a fraguar un acuerdo de mínimos para los presupuestos de la Generalitat del 2024. Un documento que ha acabado incluyendo compromisos del Ejecutivo como rebajar las ratios de alumnos en obligatoria a menos de 24 por aula, mejorar los salarios al personal de transporte sanitario o crear un fondo público de 100 millones de euros para entrar al capital de empresas estratégicas, entre otros. ERC busca con esa foto con los agentes económicos una palanca para presionar al resto de partidos políticos y que estos se avengan a apoyar sus cuentas públicas, ya que estas llegan con la legitimidad del diálogo social. Fue en esa primera reunión cuando los sindicatos expusieron de manera conjunta su propuesta de dar recorrido al salario mínimo catalán. Las centrales comparten el diagnóstico de que en Catalunya existe un problema salarial "grave" y que un compromiso como este ayudaría a mejorar los ingresos de las capas más precarias. Según los últimos datos del INE, cuatro de cada 10 catalanes cobran menos de 1.531 euros brutos al mes (en 14 pagas). Diferencias fuera y dentro del Govern Establecer un salario mínimo catalán ha sido una cuestión espinosa para las patronales, reticentes a asumir compromisos que disparen sus costes laborales. Ya mantienen conflictos con los sindicatos en convenios donde hay sueldos desactualizados respecto al salario mínimo legal. Pimec no ve mal implantar un salario mínimo de referencia catalán y reforzar así la autonomía de las relaciones laborales en Catalunya, pero cuestiona la metodología del Govern y considera que debería partir del 60% del salario mediano, no medio. Foment del Treball, por su parte, rechaza abiertamente este concepto, puesto que considera que rompe con la unidad de mercado con el resto de España. Posición coherente con su rechazo a la prevalencia de los convenios colectivos catalanes respecto a los estatales, que provocó la ruptura de las negociaciones del Acord Interprofessional de Catalunya (AIC). Por primera vez en décadas los agentes sociales no se pusieron de acuerdo en esta cuestión. Aunque los recelos también se extienden a la propia Generalitat. Y es que los agentes sociales reclaman al Govern que, como mínimo, predique con el ejemplo e incluya en las licitaciones públicas los recursos suficientes para que una empresa que asuma un contrato reciba el presupuesto suficiente para abonar ese salario mínimo de referencia. Ahí, según apuntan fuentes conocedoras, la postura de las conselleries de Empresa i Treball (Roger Torrent) y la de Economia (Natàlia Mas) difieren. Pues la primera pretendería dar un mayor impulso desde lo público al concepto de SMR y Economía, que es la que tiene que sacar el dinero para costearlo, no comparte el mismo entusiasmo. Se da la paradoja de que Natàlia Mas fue una de las artíficies del primer informe sobre el salario mínimo de referencia, en 2019, cuando ostentaba el cargo de directora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica. "Para abordar este tema los agentes sociales se tienen que poner de acuerdo en cual es el recorrido que debe tener el SMR en el marco de la negociación colectiva", afirman desde la conselleria de Empresa. ‘No’ a un estudio de impacto La Generalitat trató de encontrar un equilibrio interno y externo sobre esta cuestión y ofreció ganar tiempo encargando un estudio sobre qué coste tendría, tanto público como privado, implementar el SMR. El problema vino a la hora de definir qué hacer luego con ese estudio. Aquí distintas fuentes consultadas señalan que la unidad sindical flaqueó. CCOO reclamó cerrar en el acuerdo tanto el informe de impacto como el ‘y luego qué’ y UGT, en aras de pactar, aceptó concretar solo el estudio. Y ante la negativa de las patronales de ir más allá, el Govern decidió archivar la cuestión para sacar adelante el conjunto del acuerdo para sus presupuestos. El salario mínimo catalán se queda así una vez más en un cajón, sin perspectiva clara todavía de cuándo podrá trascender de lo teórico a la práctica.

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