El Gobierno prevé ampliar a 2024 el cambio gratuito de hipoteca variable a fija

El Gobierno prevé ampliar en un año la suspensión de la comisión por cambio de hipoteca de tipo variable a tipo fijo que ha estado vigente durante 2023. Así se lo ha trasladado a las patronales bancarias -AEB (bancos), CECA (antiguas cajas de ahorro) y Unacc (cajas rurales)- en una reunión que han mantenido con representantes del Ministerio de Economía durante la tarde de este martes, según han confirmado a EL PERIÓDICO diversas fuentes al tanto del encuentro. La eliminación temporal de dicha comisión, que en principio iba a acabarse al cierre del presente ejercicio, fue aprobada por el Ejecutivo dentro del plan para ayudar a los hipotecados con problemas de pago que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pactó con la banca en noviembre de 2022. El Ejecutivo también ha planteado en el encuentro que la suspensión de dicha comisión se aplique a los cambios de hipoteca de tipo variable a tipo mixto, es decir, aquellas en las que se aplica un tipo fijo durante una parte de la vida del crédito y un tipo variable en el restante. Se trata de una medida que había propuesto la asociación de consumidores Asufin. Según algunas fuentes, Economía ha puesto también sobre la mesa ampliar en un año la suspensión de la comisión por amortización anticipada de las hipotecas, que como la del cambio del tipo variable a fijo iba a decaer el próximo 1 de enero. Asimismo, se han valorado los avances en los planes para mejorar la inclusión financiera de los mayores y de la España rural. El encuentro de este martes ha consistido en una reunión preparatoria a nivel técnico del que el próximo lunes mantendrá la vicepresidenta Calviño con los máximos responsables del Banco de España, las asociaciones bancarias, Asufin, y los representantes de las personas mayores, como adelantó este diario. Los altos cargos de Economía, así, han confirmado a las patronales que tienen la intención de elevar la renta conjunta anual máxima de las familias que pueden beneficiarse del Código de Buenas Prácticas para el alivio hipotecario de hogares de clase media, de los actuales 29.400 euros (3,5 veces el IMPREM) a la "renta media" (37.800 euros). Medida estrella Esta iniciativa fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez y Calviño durante la campaña electoral del pasado julio, y además ha sido incluida en el pacto de Gobierno del PSOE y Sumar. Permitiría que más hogares puedan beneficiarse de las medidas de alivio previstas en el código, como ampliar en siete años el plazo de vencimiento de la hipoteca o congelar la cuota durante 12 meses. Para una hipoteca de 150.000 euros suscrita en 2018, apuntó la vicepresidenta en julio, supondría un ahorro de 300 euros al mes y 3.600 euros al año. Según datos del Banco de España, el plan de ayuda a los hipotecados recibió cerca de 42.800 solicitudes entre enero y julio por parte de familias con una deuda pendiente de pago de 5.367 millones de euros, una cifra "limitada" respecto al número total de créditos hipotecarios en vigor (menos del 0,4%) y también frente a los préstamos que cumplían las condiciones para beneficiarse, aunque también "notablemente superior" al número de peticiones que venía registrando el anterior Código de Buenas Prácticas de 2012. Solo un 8% de las solicitudes han sido ya aprobadas, mientras que al rededor de un 50% están pendientes de resolverse y en torno al 40% han sido rechazadas, principalmente -en un 90% de dichos casos- por no cumplir los requisitos. Margen de provisiones El Ejecutivo entiende que el hecho de que la economía y el empleo estén evolucionando mejor de lo previsto en noviembre de 2022 explica que las solicitudes estén siendo inferiores a las auguradas (habló de hasta un millón de hogares potencialmente beneficiarios, aunque posteriormente el Banco de España rebajó a unos 200.000 los realmente esperables). Las menores peticiones hacen que también esté siendo menor el coste de las medidas para los bancos vía provisiones, con lo que Economía considera que estos tienen margen para ampliar los criterios de renta de los beneficiarios sin que sus cuentas sufran un deterioro adicional al previsto inicialmente. Por contra, tanto el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, como los representantes de los bancos han mostrado su rechazo a ampliar el plan en este momento, pues lo consideran prematuro. Está por ver si Calviño logrará hacerles cambiar de opinión. Y se trata de un asunto importante: la adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas es voluntaria para las entidades (si bien una vez suscritos por los bancos, su cumplimiento es obligatorio). Siempre cabe la posibilidad, eso sí, de que el Gobierno decida legislar en el caso de que la banca siga negándose a reabrir el código. Calviño ya intentó en junio extender el plan, pero el gobernador lo frenó en un tenso encuentro similar al del próximo lunes. Esta última reunión estaba prevista en principio para septiembre, pero finalmente fue retrasada porque el Ministerio de Economía entendió que el Consejo de Ministros no podía estar en funciones para aprobar los cambios que quiere impulsar.

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