¿Cómo cambiarán los subsidios de paro?: Las claves del choque entre Díaz y Calviño

El Gobierno trabaja a contrarreloj para reformar el sistema de subsidios de paro. Un abanico de ayudas pensado para dotar de unos ingresos mínimos (480 euros) a personas en desempleo que ya han agotado el resto de prestaciones contributivas y que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Actualmente estas ayudas benefician a casi un millón de personas en toda España. Y la reforma que plantea Trabajo supondría sumar otras 400.000 personas que actualmente están sin trabajo y sin ingreso alguno. La entrada en vigor de la reforma todavía no está clara, pero Trabajo apunta al 1 de junio de 2024. La coalición tiene comprometida este reforma con Bruselas en el marco de recepción de los fondos europeos y apura para cumplir con ello de cara al cuarto desembolso (10.000 millones de euros) que el Gobierno prevé solicitar antes de acabar el año. Y, según apuntan fuentes del departamento de Díaz, ya está comprometido que el nuevo sistema no implicará recortes de las prestaciones. Fuentes de Trabajo insisten en que los términos de la reforma del subsidio de paro han sido negociados con la Comisión Europea. Además, subrayan que existen recursos suficientes para abordar esta reforma, ya que el SEPE tiene superávit. La semana que viene publicarán el dato exacto, que se situará en el entorno de los 4.800 millones de euros el saldo positivo para el Estado por la diferencia entre cotizaciones y pago de prestaciones contributivas. No obstante, no todo el Gobierno tiene la misma respuesta a la pregunta "¿Cómo deberían ser el nuevo sistema de subisidos?". La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, viven estos días su enésimo choque por esta cuestión. Después de divergir en cuánto debía subir el salario mínimo, qué alcance debía tener la 'ley Rider' o qué aspectos y cómo debía regular o no la reforma laboral, entre otros. ¿En qué chocan ahora Calviño y Díaz para reformar los subsidios de paro? Según las distintas fuentes consultadas, el esquema que maneja la titular de Economía está enfocado a promocionar el pleno empleo y reorganizar las ayudas para incentivar más que los parados acepten ofertas de trabajo. Por otro lado, su homóloga de Trabajo pretende mejorar la protección, permitiendo que más personas cobren estos subsidios y aumentando el importe de los mismos, entre otros. La cuestión de la edad Uno de los principales puntos de fricción entre las dos alas del Gobierno está en la edad a la que las personas desempleadas podrían acceder a uno de estos subsidios asistenciales. Actualmente el subsidio que más personas perciben es el diseñado para mayores de 52 años. Una ayuda que el Gobierno de Mariano Rajoy restringió, que Pedro Sánchez recuperó en 2019 y que ahora promete mejorar. Fuentes de Trabajo apuntan que el departamento de Calviño había propuesto elevar de 52 a 60 años la edad para tener acceso a este subsidio. Bajo otras condiciones, también pueden acceder al subsidio parados mayores de 45 años y los menor de esta edad con cargas familiares. Yolanda Díaz aspira a extender el subsidio a parados menores 45 años sin cargas familiares, lo que sumaría a unos 150.000 nuevos beneficiarios a este subsidio. El importe Actualmente el subsidio para mayores de 52 años tiene un importe de 480 euros, que es el equivalente al 80% del IPREM (el indicador que marca cada año su cuantía exacta). Ambas vicepresidentas coinciden en la conveniencia de aumentar el importe inicial de la prestación, que iría descendiendo con el tiempo. A partir de aquí el planteamiento de una y otra es bien distinto. Siempre según la versión de Trabajo, Díaz pretende elevar el subsidio que se percibe en el momento inicial (660 euros) para después iniciar una senda descendente que acabaría en la cuantía actual de 480 euros; Calviño, por su parte, habría propuesto partir de 600 y acabar en 300 euros. Así, Trabajo aboga por un subsidio de 660 euros durante los seis primeros meses, de 540 euros en los seis meses siguientes y de 480 euros a partir del año en paro, hasta completar los 30 meses de la prestación. Mientras que Economía plantearía 600 euros durante el primer trimestre, 480 euros en en el segundo, 390 euros en el tercero y 300 euros en el cuarto y útlimo trimestre de la prestación máxima de 12 meses, bajo el esquema de Economía. Si en el primer caso, el coste total de 30 meses de prestación podría llegar a sumar 7.698 euros al cabo de 30 meses, la fórmula de Calviño llevaría a una suma de 4.410 euros para los 12 meses de prestación. La duración de la prestación Las propuestas que maneja el Gobierno difieren en quién podrá cobrarlo, a cuánto ascenderá la ayuda y también durante cuánto tiempo podrá percibirla. Mientras el esquema de Calviño aboga por un subsidio máximo de 12 meses de duración, Díaz apunta a mantener la actual duración máxima de 30 meses. Desde su departamento insisten en que el 80% de los actuales perceptores no agotan completamente su derecho a subsidio. En todo caso, la reforma incluye que la prestación se cobre desde el primer mes de su solicitud y no, a partir del siguiente, como sucede en la actualidad. En uno y otro caso, tras la finalización de la prestación, si persiste la situación de desempleo, la persona parada pasaría a cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). ¿Compatible con un empleo? La reforma del sistema de subsidios asistenciales al desempleo pretende mejorar la protección social a la vez que se incentiva la incorporación de los parados al mercado laboral. Es por ello que el diseño se estuvo haciendo en paralelo durante los últimos meses con la nueva ley de empleo, si bien esta prosperó y la reforma de los subsidios todavía no. Una de las claves para mejorar la inserción es compatibilizar el cobro de la ayuda del Sepe con el primer sueldo durante un tiempo. Aquí la intención de Trabajo es permitir compaginar ambos ingresos, al 100%, durante los primeros 45 días de contrato laboral. Mientras que, sobre este punto, la postura de Calviño no ha trascendido. Ampliación del subsidio agrario De los casi un millón de personas que actualmente están cobrando un subsidio del Sepe, algo más de 80.000 cobran el subsidio agrario o 'peonada', como popularmente se conoce. Esta ayuda está actualmente restringida a las personas que trabajan en el campo o el sector agropecuario en Extremadura y Andalucía y que durante parte del año se quedan sin trabajo por la propia naturaleza de las campañas de recogida. Ahora la intención de Trabajo es ampliar a toda España esta ayuda y que cualquier peón del sector agrario de cualquier autonomía pueda acogerse. Ello podría ampliar la cobertura a 250.000 personas. El planteamientod de Economía sobre esta cuestión no ha trascendido. ¿Qué pasa si se rechaza una oferta de trabajo? Uno de los elementos más polémicos del modelo que plantea el Ministerio de Economía pasa por endurecer los castigos para aquellos parados que rechacen ofertas de empleo para seguir cobrando la ayuda. Aquí, Trabajo explica que Economía quería modificar la ley de infracciones y sanciones (LISOS) para generar incentivos contra la economía sumergida. Dado que la LISOS regula las infracciones cometidas por las compañías, podría pasar por ampliar las multas para aquellas sociedades que contraten 'en B' a parados, ofreciéndoles menos sueldo ya que así lo compatibilizan con el subsidio público. Por su parte, el planteamiento de Trabajo no incluye ninguna modificación sobre el llamado 'acuerdo de actividad' ni sobre la noción de 'colocación adecuada' para un parado que reciba una oferta de los servicios de empleo.

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