Salario mínimo: Los grandes de Europa se debaten entre la contención y subidas de hasta el 10%

El Gobierno inicia este jueves las negociaciones con patronal y sindicatos para definir cual será el salario mínimo interprofesional (SMI). El Ejecutivo español se debate entre unos empresarios que le reclaman incrementar este suelo salarial al mismo nivel que están subiendo el conjunto de los salarios, aunque ello suponga un aumento por debajo de la inflación. Mientras los sindicatos reclaman una sensibidad especial -y un mayor aumento- con este indicador que rige la nómina de unos tres millones de españoles. El pulso tanto dentro del diálogo social como en el seno del Gobierno parece servidor, a tenor de las tensiones que han relucido durante los últimos años entre el ala más conservadora del Ejecutivo y la más garantista para con los trabajadores. Y si bien en anteriores ocasiones Europa le ha servido de faro a España para tomar una decisión, ante una cierta unanimidad de sus Estados para decidir si subían más o menos sus salarios mínimos, para este 2024 las locomotoras europeas aplican criterios dispares. Mientras el gobierno conservador del Reino Unido apuesta por una subida intensa y por encima de lo que están subiendo los precios, los socialdemócratas alemanes estudian un incremento paupérrimo, muy lejos del IPC y marcado por las diferencias internas dentro del Ejecutivo de Olaf Scholz. Francia, por su parte, ya tiene decidido que aplicará su particular receta. Alemania: Choque dentro del Gobierno Durante décadas no hubo en Alemania un salario mínimo interprofesional regulado. Correspondía a cada sector profesional implantar o no el suyo, con los previsibles desajustes o agravios comparativos para los trabajadores de la construcción y la hostelería. En 2015, bajo el gobierno de gran coalición liderado por la conservadora Angela Merkel se introdujo por primera vez, por un monto de 8,5 euros la hora. Fue un logro de sello claramente socialdemócrata, sus socios de coalición, que además incluía una regulación más o menos automática de acuerdo a los niveles de inflación, aunque a la práctica no se aplica de forma rigurosa. Se mantuvo estable sobre los 10 euros la hora en los años de la pandemia y pospandemia, para seguir su rumbo ascendente ya bajo el gobierno entre socialdemócratas, verdes y liberales de Olaf Scholz. En octubre de 2022 escaló hasta los 12,85 euros y este 2023 terminará con 13,60 euros. Es decir, no ha habido tampoco la equiparación automática de acuerdo a la inflación, que en Alemania se situó en este periodo en una media del 6,2%. Hay que decir, sin embargo, que ésa es también la realidad de la inmensa mayoría de los asalariados alemanes, que ha visto reducirse su capacidad adquisitiva en prácticamente todos los sectores. El próximo aumento debe producirse en octubre de 2024, en que alcanzará los 13,85 euros, según cálculos del Ministerio de Trabajo del socialdemócrata Hubertus Heil. La línea de contención del gasto de su colega de Finanzas, el liberal Christian Lindner, hace prever un duro forcejeo. Francia: subida automática según el IPC El salario mínimo en Francia aumenta de manera automática en función de la inflación. Desde su creación en 1950, este sueldo más bajo se ha regido por esta ley, que conlleva unas subidas equivalentes al aumento del Índice de Precios de Consumo (IPC). Este incremento se aplica a partir del 1 de enero cada año, pero también pueden haber subidas automáticas en la mitad del año en el caso de que la inflación supere el 2% en menos de 12 meses. Por ejemplo, entre octubre de 2021 y agosto de 2022 hubo varios aumentos y el salario mínimo se incrementó un 5,6% durante ese periodo. La última subida tuvo lugar en mayo de este año (de un 2,22%). Actualmente, el salario mínimo en el país vecino es de 1.747 euros brutos mensuales (1.383 euros netos). El Gobierno francés también dispone de la posibilidad de llevar a cabo incrementos superiores al porcentaje del IPC. Pero desde el 2012, ni el presidente François Hollande ni su sucesor Emmanuel Macron no quisieron impulsar estos coups de pouce (empujoncitos). Y se limitaron a aplicar los aumentos automáticos. Subida superior al resto de salarios Hasta 1983, el resto de los salarios en Francia también evolucionaban en función de la inflación. Pero el entonces presidente François Mitterrand suprimió esa correlación —actualmente vigente en países como Bélgica— en una de las decisiones icónicas del llamado “giro del rigor”, en que pasó de unas políticas económicas de corte keynesiano a otras con una orientación más neoliberal para hacer frente a la crisis de la inflación de ese momento. Los sindicatos franceses han pedido en los últimos años, sin éxito, el restablecimiento de esa medida. Debido a su evolución paralela a la inflación, aquellos trabajadores que cobran el sueldo mínimo han sido de los que han sufrido una menor pérdida de poder adquisitivo en estos dos últimos años en Francia. En muchas otras profesiones con sueldos netos entre 1.500 y 2.500 —el salario mediano en el país vecino es de 2.100 euros—, las subidas resultaron inferiores al IPC. Una evolución salarial que no solo consolidó la falta de poder adquisitivo como la principal preocupación de los franceses, sino que también ha contribuido al crecimiento de un sentimiento de declive de las clases medias. Reino Unido: Aumento por encima de los precios La subida del salario mínimo en el Reino Unido, anunciada la semana pasada por el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, pretende dar un impulso sin precedentes a los trabajadores británicos. En su discurso de otoño ante el Parlamento, Hunt confirmó una subida del 10% para el próximo año, la más alta desde su implementación en 1999, que beneficiará a cerca de tres millones de trabajadores y que supondrá un incremento de las 10,42 libras actuales por hora trabajada a 11,44 libras a partir de abril de 2024. Este aumento se traduce en que un trabajador con un contrato de 170 horas mensuales no podrá cobrar menos de 1.944 libras al mes (2.245 euros). El Ejecutivo británico ha reducido además la edad mínima para recibir el salario mínimo estándar, que pasará de los 23 años actuales a los 21 años a partir de abril. Hasta ahora, los jóvenes entre los 21 y los 23 años podían percibir una cantidad menor, de 10,18 libras por hora. El cambio supondrá un aumento del 12% en los salarios de los jóvenes en esta franja de edad, que verán sus salarios anuales incrementados en 2.300 libras anuales (2.657 euros). Hunt también ha anunciado aumentos salariales para los menores de 21 años, aunque en este caso la remuneración por hora trabajada se mantendrá por debajo del salario mínimo. Con esta decisión, el Gobierno ha accedido a las recomendaciones de la Low Pay Commission (Comisión de Salarios Bajos), un organismo independiente creado para asesorar al Ejecutivo sobre el salario mínimo. Este organismo ya apuntó a la necesidad de aplicar fuertes aumentos para dar estabilidad a los trabajadores en un momento de “elevada incertidumbre económica y política”, según su presidente, Bryan Sanderson. La alta inflación de este año, superior al 7% según las previsiones, ha provocado un empobrecimiento de las familias británicas y un aumento de las dificultades para hacer frente a los precios de la energía y de los alimentos. Multas a las empresas incumplidoras El Gobierno pretende reducir al máximo el número de trabajadores que perciben menos de dos tercios del salario medio en 2024, el umbral fijado para definir a las personas con “salarios bajos”. Un objetivo que cada vez está más cerca, según apuntó Hunt la semana pasada en su discurso en el Parlamento. “El salario mínimo nacional ha contribuido a reducir a la mitad el número de personas con salarios bajos desde 2010, garantizando que el trabajo siempre sea rentable”, afirmó entonces. El porcentaje de trabajadores con salarios bajos se ha reducido del 21,3% al 8,9% en los últimos 13 años. El Ejecutivo ha advertido de que cualquier empresa que no cumpla con estos aumentos será sancionada por la agencia tributaria británica (HMRC). En junio de este año, más de 200 compañías fueron multadas con cerca de siete millones de libras y tuvieron que indemnizar a más de 63.000 trabajadores por incumplir la regulación en la última década. Entre estas empresas se encuentran los grandes almacenes WH Smith, Argos, o Marks & Spencer.

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