El pasado febrero el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, presentó el Plan de Acción, una hoja de ruta enmarcada dentro de la Estrategia de Biodiversidad que entre sus objetivos fija el cierre a la pesca de arrastre de las áreas marinas protegidas, que tendrán que ampliarse de forma considerable en las aguas de cada Estado miembro de aquí a 2030. Por el momento, el grueso de los países, como España, mantienen un perfil bajo sobre las medidas a tomar o, directamente, no las han activado, algo lógico toda vez que se prevé que existan conversaciones entre la Comisión Europea y los Estados miembro para apuntalar los objetivos. Sin embargo, Irlanda ya está tomando posiciones. Antes de que acabe el año, definirá una ley con la que aspira a cubrir un 30% de sus aguas, incluyendo dos grandes áreas en pleno Gran Sol, histórico caladero de la flota gallega.