Pese a que varios políticos independentistas, desde Artur Mas a Oriol Junqueras aseguraban y perjuraban que las empresas no se llevarían su sede social fuera de Catalunya, la fuga se produjo. Fue como un tsunami tras el referéndum del 1 de octubre que se prolongó especialmente durante ese mes y el de noviembre. Entre ellas, las participadas por La Caixa, que como otras compañías, había pedido al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, un cambio legal para facilitar esa mudanza. Los bancos no podían permitirse estar ni una décima de segundo en un territorio que podría quedar fuera del área del euro.