Naturgy avisa a las comunidades de vecinos: la tarifa regulada (TUR) de gas desaparecerá el 31 de diciembre

El próximo 1 de enero la tarifa regulada para las comunidades de vecinos (TUR Vecinal) desaparecerá y, por tanto, los clientes que ahora se benefician de esta tarifa, subvencionada por el Gobierno, deben cambiarse antes de esa fecha a una comercializadora en el mercado libre, advierte el Ministerio para la Transición Ecológica en una orden ministerial en la que encomienda a las empresas a transmitir la información a los beneficiarios. La principal gasista española, Naturgy, confirma a EL PERIÓDICO que ya ha comenzado a enviar cartas a sus usuarios. Endesa, por su parte, se limita a decir que se ajusta a lo que "marca o marque la regulación".

La medida, creada en octubre del año pasado al calor de la crisis energética, estaba previsto que finalizase el 31 de diciembre de este año, pero el Gobierno no había desvelado si habría o no una prórroga. Sin embargo, una orden ministerial, de la que se ha hecho eco la comparadora de ofertas de servicios para el hogar Selectra, pide a las compañías informar a las comunidades con tarifa regulada "antes del 15 de octubre" de la "necesidad de contratar el suministro con una comercializadora del mercado libre" antes del 1 de enero de 2024. Para aquellos que no lo hagan, se establecerá una "tarifa transitoria", añade.

Pese a lo explícito del texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de septiembre, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, aseguran que dicho mandato únicamente cumple la legislación --la TUR vecinal es una medida temporal que decae a final de año-- y evitan confirmar si eso implica que no habrá una prórroga a partir de entonces. Según recoge EFE en fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera, hay 6.700 comunidades de vecinos que se han acogido a la TUR Vecinal del gas.

Según Selectra, el cambio podría duplicar el precio de los recibos. Las comunidades pequeñas, con un consumo anual de 150.000 kilovatios-hora adscritas a la TUR pasarían de pagar 6.600 euros a 13.500 eruos, mientras que las más grandes (con un consumo de 400.000 kilovatio-hora) pasarían de 19.100 euros a 36.300 euros.

Hasta hace un año, las comunidades de vecinos debían contratar una tarifa en el mercado libre para 'grandes consumidores' porque por su tamaño y demanda de energía --más de 50.000 kilovatios al año--, le impedían contratar la tarifa regulada por el Gobierno, abreviada como TUR (por las siglas de 'Tarifa de Último Recurso', aunque eso no implica que se dirija únicamente a familias desfavorecidas sino que sirve para cualquier usuario) de la que se beneficiaban los usuarios individuales.

La tarifa libre usa como referencia de precio a la regulada, que se revisa cada tres meses a partir de cotización del gas en el mercado mayorista, por lo que solían tener precios similares. Pero en la primavera de 2021 el gas a nivel internacional empezó a subir y el Gobierno decidió, en septiembre de 2021, contener el impacto de esta materia prima sobre la tarifa regulada (TUR) limitando su alza trimestral de al 15%. Entonces, se trataba de un pago en diferido, es decir, la diferencia entre la subida real del gas y ese límite la pagaban los consumidores, pero a posteriori.

Un año después, ya con la guerra de Ucrania avanzada y los precios del gas desorbitados, el Ejecutivo decidió subvencionar esa diferencia (entre la subida real del precio del gas y ese límite del 15%) y, además, crear una tarifa TUR especial para las comunidades de vecinos para que todos los consumidores dispusieran del mismo nivel de ayuda. Las dos tarifas (tanto la TUR individual como la vecinal) tienen como fecha tope el próximo 31 de diciembre, igual que otras medidas como las rebajas fiscales de la tarifa de luz y gas, pero el Gobierno no quiere desvelar si las mantendrá o decaerán.

En el mismo artículo en el que reafirma que la TUR vecinal finaliza el 31 de diciembre de este año, el Ejecutivo da a los usuarios una moratoria de un año para cumplir con el requisito de tener contador individual (hasta el 30 de septiembre de 2024, en vez de hasta el 30 de septiembre de este año) y evitar, así, pagar el recargo del 25% que tendrían de penalización por beneficiarse de la ayuda.