'Riders’ y taxistas presentan la primera querella criminal contra Glovo por emplear falsos autónomos

Un grupo de repartidores y taxistas ha presentado la primera querella criminal contra la empresa Glovo por presunto empleo reiterado de falsos autónomos, entre otros. La plataforma constituida por RidersXDerechos, pioneros en la protesta sindical cuando las aplicaciones de delivery empezaron a proliferar en España, y Taxi Project ha registrado ante los juzgados de Barcelona una denuncia por la vía penal contra la compañía, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Desde Glovo, a preguntas de este medio, afirman que formalmente no han recibido todavía notificación alguna sobre dicha querella y aguardan a ello para realizar declaraciones al respecto. Será la primera, pero no la única. Fuentes del Ministerio de Trabajo avanzan a este medio que "en los próximos días" presentarán ante fiscalía el informe en el que llevan meses trabajando para que este organismo inicie actuaciones penales a ese mismo respecto. Glovo es una sociedad que fundó Óscar Pierre, propiedad en la actualidad del grupo alemán Delivery Hero, cuyos cuarteles generales están en el Poblenou de la capital catalana y que, según fuentes del sector, opera con una flota de unos 15.000 ‘riders’ en toda España. Si bien el Gobierno, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha amenazado varias veces en público con activar la vía penal contra Glovo si no desistía en repartir con autónomos, finalmente la primera acción judicial en ese sentido la ha iniciado un grupo de repartidores. Ahora el juez deberá decidir si acepta o no a trámite la querella y dictaminar si la corporación están incurriendo o no en delitos contra la hacienda pública, contra la Seguridad Social, en delito de estafa y en delitos contra los derechos de los trabajadores. El modelo laboral de Glovo lleva bajo la lupa de la Inspección de Trabajo y los tribunales desde hace un lustro. En Barcelona, por ejemplo, ya ha sido sancionada en dos ocasiones, así como en Girona, Tarragona, Lleida, Madrid o València, entre otros. La compañía ya acumula más de 150 millones de euros en multas y requerimientos de la Seguridad Social, si bien las previsiones que hacen desde la propia compañía podrían elevar por más del doble la factura final. Principalmente la ‘policía laboral’ ha ido sancionando a Glovo por tener a sus repartidores como falsos autónomos y ahorrarse así tanto costes operativos, como con la Seguridad Social. Que un repartidor sea autónomo y no asalariado implica que no tiene derecho a una prestación por baja por incapacidad temporal si sufre un accidente, que no tiene vacaciones pagadas y que debe costearse su propio móvil y vehículo, entre otros. Y aquí es donde fundamenta RidersXDerechos, entre otros, su demanda. Glovo, a su parecer, está negando derechos básicos a sus repartidores. Hasta el diciembre pasado, el empleo de falsos autónomos estaba tipificado como una falta meramente administrativa, pero ahora, tras la última reforma impulsada desde el Gobierno, también puede tener consecuencias penales para los administradores de la compañía. Óscar Pierre es el principal fundador y su actual presidente y consejero delegado, si bien la querella apunta a “el directivo que ostente la faceta de poder decisor en el desarrollo y contratación de los falsos autónomos”. Según los denunciantes, “Glovo contrató a falsos autónomos, con engaño y abusando de su estado de necesidad, por su especial situación de vulnerabilidad, pero con grave perjuicio a sus condiciones laborales y de Seguridad Social”. Más de dos años de 'ley Rider' Desde el Ministerio de Trabajo no han escondido que la última reforma del código penal busca complementar la conocida como 'ley Rider'. Dicha normativa explicita que todos los repartidores de las plataformas digitales deben ser, por defecto, asalariados. Pero, de momento, las grandes empresas del sector -con la excepción de Just Eat- están haciendo oídos sordos a ello. Glovo y Uber Eats operan mayoritariamente con autónomos. Esta última acató incialmente la norma, pero al ver que su competidora no lo hacía, dio marcha atrás. Desde RidersXDerechos ya alertaron que la normativa tendría poco recorrido y que los repartidores deberían seguir pendientes de las resoluciones judiciales y de Inspección. Y ahora le reprochan al Ejecutivo lo que tachan de inaccion. "Hemos sido testigos dos años más, de cómo han sido las empresas las que han impuesto sus reglas del juego, por encima de cualquier institución, incluido el Estado", afirman. Con el fin de aumentar las consecuencias, más allá de lo económico, por incumplir, el Gobierno introdujo la via penal por emplear falsos autónomos. Un traje a medida para las plataformas que, de momento, desde el Ejecutivo no han activado. Sí lo han hecho desde Élite Taxi y RidersXDerechos -bajo el paraguas del Observatorio del Trabajo, Algoritmo y Sociedad (TAS)-, a expensas de lo que decidan los tribunales.

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