Entrada saudí en Telefónica: la clave está en su negocio en el sector de Defensa

En la entrada de Saudí Telecom (STC) en el negocio de la española Telefónica, con la adquisición del 9,9% de su capital social, la clave está en el negocio de la 'teleco' en la industria de defensa. La firma saudí está exenta del denominado 'escudo anti-opas' que con caracter general obliga a las empresas extranjeras a pedir la autorización del Ejecutivo español si supera el 10% del capital en una empresa estratégica española, pero sí se podría ver afectada por la vinculación de Telefónica España con el sector de la defensa, en cuyo caso el umbral de la participación que exige el aval previo del Consejo de Ministros baja al 5%. Más allá de prestar sus servicios comerciales habituales para permitir las llamadas por teléfono o el acceso a Internet a buena parte de la población española, Telefónica proporciona a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “servicios de infraestructuras de telecomunicaciones, comunicaciones tácticas, estratégicas, ciberdefensa, digitalización y robotización del área de operaciones”, según explica la propia compañía en su página web. Como ejemplo, la radios tácticas —denominadas SDR— de Telefónica equipan a los militares españoles desplegados en operaciones internacionales, así como a la nueva generación de vehículos de combate sobre ruedas (8X8 Dragón). También las fragatas de la clase F110 y los submarinos de la clase S80 de la Armada Española cuentan con sistemas de ciberseguridad “diseñados, suministrados, instalados y configurados” por la multinacional española. La compañía cuenta, además, con alianzas con otras compañías para suministrar a las Fuerzas Armadas tecnología 5G. Es el caso de un acuerdo con Airbus, que fabrica plataformas aeroespaciales, o con Alpha Unmanned Systems (AUS), que produce drones. Contratos "clasificados" con Defensa Estos son algunos de los vínculos entre Telefónica España y la industria de la defensa. En concreto, lo que obligaría a la empresa saudí a solicitar la autorización del Gobierno son los denominados contratos "clasificados" con el Ministerio de Defensa, según fuentes del Ejecutivo. Este tipo de contratos tienen una difusión limitada en tres grados, de menor a mayor: confidencial, reservado y secreto. El más reciente y con carácter reservado se adjudicó en junio de este año para la compra y puesta en servicio de una red de telecomunicaciones vía satélite gestionada por el Ministerio de Defensa por 38,7 millones de euros. Pero Telefónica tiene relación con varios ministerios, no solo con Defensa, en los que gestiona sus nubes de datos. De este modo, la compañía STC, controlada por el Estado saudí con un 64% del capital, deberá solicitar autorización al Ministerio de Defensa para entrar en Telefónica con un capital superior al 5% y así han confirmado que lo hará fuentes de la empresa. Pero la decisión última corresponde al Consejo de Ministros, tras el informe que emita la Junta de Inversiones Exteriores, que depende de la Secretaría de Estado de Comercio. El plazo máximo para resolver la solicitud es de tres meses y solo en caso de que la inversión "no afecte a los intereses esenciales de la defensa" podría ser autorizada directamente por el Ministerio de Defensa y, después, por el Consejo de Ministros. Saudí Telecom solo ha ejecutado la compra del 4,9% de las acciones de Telefónica, mientras que el otro 5% lo controla a través de instrumentos financieros que liquidará tras obtener la autorización del Gobierno para obtener el resto de derechos de voto. La norma establece como excepción que cuando una compañía alcanza entre el 5% y el 10% de otra no necesita pedir autorización al Gobierno siempre que notifique la operación al Ministerio de Defensa y al de Industria y se comprometa a "no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada". Pero Saudí Telecom afirma que sí ejercerá sus derechos. Dos precedentes Hay dos grandes precedentes de entrada de capital extranjero en empresas con contratos en Defensa, en ambos casos previos a la existencia del límite actual del 5% (en vigor desde el 1 de septiembre, después del decreto que aprobó el Gobierno el pasado 5 de julio). El primero de estos precedentes corresponde a la compra de la francesa GFI Informatique del 100% de Informática El Corte Inglés, empresa que era proveedora del Ministerio de Defensa. El Consejo de Ministros en su reunión del 14 de abril de 2020 autorizó esta operación después de imponer una serie de condiciones a GFI para "proteger adecuadamente la seguridad de la información clasificada del Ministerio de Defensa". Otro precedente corresponde a la adquisición del 26,17% de la armamentística Maxam hasta alcanzar el 71,17% por parte de la luxemburguesa Prill Holdings que se aprobó el 19 de enero de 2019. Infravaloración de las telecos El denominado ‘escudo anti-opas’ fue creado en los albores de la pandemia del coronavirus para evitar la compra a precio de saldo tras las caídas bursátiles de compañías españolas de sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación por parte de terceros países, especialmente de empresas estatales y fondos soberanos. La medida fue prorrogada en varias ocasiones hasta que ha acabado convirtiéndose en estructural a través del real decreto-ley sobre inversiones exteriores aprobado el pasado mes de julio. Además, en noviembre de 2020 el Gobierno creó un escudo para las inversiones de países comunitarios, que se fue extendiendo y se mantiene vigente actualmente hasta 2024. Pese a que la pandemia ha devuelto la 'normalidad' a los mercados, el sector de las telecomunicaciones en Europa sufre desde hace una década una intensa caída en sus valores de capitalización por la enorme regulación a la que se ven sometidas. En el caso de Telefónica, esta baja capitalización implica una “infravaloración” del valor de la empresa en el mercado que propicia operaciones de este tipo, según el analista senior de mercados para eToro, Javier Molina. "Con una capitalización cercana a los 22.000 millones de euros, adquirir un 10% como es el caso de STC Group, se antoja altamente eficiente dadas las características de la Telefónica”, afirma en un comunicado esta firma inversora en el que recuerda que la empresa obtuvo un beneficio de 462 millones de euros en el segundo trimestre de 2023, lo que supone un aumento del 44,5% frente al mismo periodo del año anterior. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, todavía no se ha pronunciado sobre la operación. Pero desde que llegó a la presidencia de la multinacional, en 2016, siempre ha mantenido que la transformación en la que está inmersa la compañía se reflejaría tarde o temprano en su valor en bolsa. Desde este punto de vista, el interés de STC por la operadora española podría ser interpretado como una muestra de reconocimiento sobre el verdadero valor de la compañía. Los analistas de Renta4 afirman que la operación muestra “la confianza de Saudí Telecom, compañía del sector, en el modelo de negocio y exposición geográfica de Telefónica” al tiempo que considera que esta entrada “podría marcar un suelo” en su cotización “en el corto plazo”.

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