¿Qué pasará ahora con Celsa? Las claves del futuro de un gigante con 10.000 empleados

El juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona hizo pública esta semana una sentencia histórica y pionera. La mayor empresa familiar catalana dejará de ser una compañía familiar. En virtud de la nueva ley concursal y dada la abultada deuda contraída por la familia Rubiralta, el magistrado Álvaro Lobato Lavín ha traspasado la propiedad del Grupo Celsa a varios fondos acreedores. Una decisión con una magnitud sin precedentes en territorio español y de la que dependen, entre muchos otros, más de 10.000 empleos entre sus distintas plantas y centros de trabajo. 2.400 de ellos en Catalunya, donde tiene en Castellbisbal su principal acería. La inquietud tras el fallo se ha disparado tanto entre la plantilla como entre diferentes estancias administrativas. Tanto el Gobierno como el Govern de la Generalitat se habían mojado a favor de Francesc Rubiralta y los suyos, en virtud de mantener el centro de decisiones de una empresa estratégica para la economía española y que factura anualmente unos 6.000 millones de euros. No obstante, la sentencia es clara y la propiedad debe pasar próximamente a una agrupación de fondos de inversión. ¿Qué pasará ahora con el futuro de Celsa? ¿Qué es Celsa? Celsa es un gigante siderúrgico fundado en 1967 bajo el nombre Compañía Española de Laminación SA. Su primera planta estuvo en Sant Andreu de la Barca y actualmente se ha convertido en un gigante que emplea a más de 10.000 personas en España y factura unos 6.000 millones de euros anuales. Una empresa considerada estratégica por la legislación española, ya que es el tercer productor de acero de Europa. Un sector especialmente intensivo en uso energético, lo que la convierte, a su vez, en el tercer mayor consumidor industrial de energía eléctrica en España. Su producción equivale al 0,3% del PIB español y su actividad supone el 3% del tráfico de mercancías del puerto de Barcelona, según datos facilitados por la compañía. Hasta la reciente decisión judicial, Celsa era una empresa familiar presidida por Francesc Rubiralta Rubió, el primogénito de Francesc Rubiralta Vilaseca, uno de los dos hermanos fundadores de la compañía (el otro era Josep Maria). Para mantener su estatus y peso dentro del mercado del acero y adaptarse a los nuevos requisitos medioambientales, los Rubiralta destinaron grandes inversiones de capital a sus plantas, gran parte del mismo proveniente de deuda. Según recoge la sentencia, los compromisos pendientes del gigante siderúrgico rondan los 2.900 millones de euros, gran parte de los cuales prestados por los fondos que demandaron y ganaron el juicio por la propiedad. ¿Quiénes son los nuevos amos? Así como la anterior propiedad tenía 'cara y ojos' y era reconocible en la figura de Francesc Rubiralta, el discreto pero influyente presidente del grupo familiar, los nuevos amos de Celsa son un conglomerado de fondos de distintos orígenes. Oscilan desde bancos conocidos, como el Deutschebank, hasta fondos de inversión con trayectoria trazable, como los alemanes de HSBC (comercialmente personados como International Kapitalanlagegesellschaft MBH) o los estadounidenses Trinity Investments. Aunque también hay compañías de capital riesgo que ponen dinero allá donde ven rentabilidad, independientemente del producto, como Cross Ocean USD ESS II o Goldentree. Estas sociedades no estarán en el día a día de la compañía, para lo que designarán a un consejo de administración, capitaneado por un consejero delegado. De momento no han querido dar pistas sobre el mismo, si bien han trasladado que buscan "perfiles muy respetados y de categoría mundial". La lista de sociedades que presentaron demanda ante el juez para reclamar la conversión de 1.352 millones de euros de deuda en acciones fueron: Rathmines, Deutschebank, London Branch, International Kapitalanlagegesellschaft MBH, Acting for SDF 2, Cross Ocean USD ESS II, Cross Ocean AGG II, Sculptor Investments, Trinity Investments, Goldentree y BV y AIO VII. ¿Cuándo los fondos tomarán el control? La fecha en la que los Rubiralta entregarán las llaves de su grupo siderúrgico y abandonarán definitivamente la administración del mismo todavía no está clara. Y es que dicho momento está sujeto a una batería de condicionantes y el hecho de que la decisión estrene la nueva ley concursal acrecienta dicha incertidumbre. Sobre el papel, según apunta el abogado especializado en derecho concursal Martí Batllori dicha fecha debiere estar fijada en el plan de reestructuración -altamente confidencial- que presentaron los fondos ante el juez y que este validó. No obstante, la magnitud del gigante industrial hace que el Gobierno la haya calificado como una empresa estratégica para la economía española, lo que subordina la operación a la ley anti opas extranjeras. Y es que dado que los fondos acreedores tienen sus sedes fuera de España, el Ejecutivo debe autorizar previamente la operación. Algo que desde el Ministerio de Industria ya se han encargado de enfatizar y a lo que los Rubiralta se agarran para tratar de frenar la entrada de los fondos. De producirse tal escenario, según apunta Batllori, debe tenerse en cuenta que la sentencia que aprueba el plan y la transmisión de la propiedad es firme, con lo que se daría una situación inédita en la que difícilmente la propiedad quedaría en manos de la familia y se abriría una vía de negociación para la entrada de algún fondo español para cumplir los requisitos del Gobierno. ¿Es la sentencia definitiva? Sí. La nueva ley concursal entró en vigor a finales de septiembre del 2022 y plenamente el 1 de enero del 2023. Esta establece que el arbitro que dirime si una propiedad pasa a manos de sus acreedores, en caso de que su deuda sea superior a su valor real, es un juez de lo mercantil. Y el magistrado titular del juzgado número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato Lavín, se pronunció este 4 de septiembre. Según su sentencia, "en una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica". Y, examinadas todas las pruebas, consideró que los Rubiralta debían más de lo que valía Celsa, así que procedió a traspasar la propiedad a los fondos a cambio de parte de dicha deuda (1.352 millones de euros). A diferencia de otros procesos, en los que cabe recurso ante una decisión de un tribunal de primera instancia, en los de este tipo no y ni el TSJC ni el TC podrán pronunciarse. Lo que no impide que los abogados de los Rubiralta estén estudiando la sentencia al milímetro para tratar de elevar la causa a otra instancia, pero formalmente la sentencia es definitiva y solo la intervención del Gobierno podría suspenderla. ¿Qué pasará con los 10.000 empleos y cuál es el plan de los fondos? "Visto lo que hacen los fondos en otras empresas es normal que estemos inquietos", cuenta una fuente sindical consultada. Ya lo manifestaron las secciones sindicales de UGT y de CCOO en sede judicial, cerrando filas con los Rubiralta, con los que han tenido encontronazos, pero conocen. Ambas centrales están estudiando todavía la sentencia para acabar de posicionarse formalmente. Si bien fuentes consultadas de ambas organizaciones reconocen que estarán muy encima del Gobierno para procurarse las garantías suficientes de que los fondos no esperaran un tiempo prudencial para vender por piezas el conglomerado industrial ni que recorten sus condiciones laborales para ahorrar costes. Más de 10.000 puestos de trabajo directos y con salarios por encima de la media están en juego. El mensaje que públicamente han lanzado los fondos de inversión es de continuidad. "Algunas de las prioridades clave del nuevo consejo serán mejorar la gestión operativa de Celsa para convertirla en un líder europeo del sector, salvaguardar los puestos de trabajo y garantizar una sólida gestión financiera", manifestaron en un comunicado. Una postura coherente -en formas- con la necesidad de que la operación tenga el 'ok' del Gobierno, pues sin este no hay traspaso posible en tanto que Celsa tiene una protección especial por la ley anti opas extranjeras. Desde el Ejecutivo han sido claros: para que se produzca, los trabajadores y los centros de decisiones se quedan en España tal como están. ¿Qué pasará si no cumplen con ello una vez obtenida la autorización? "La ley concursal no contempla ninguna penalización", afirma el abogado Batllori. Por lo que, si siguen el modus operandi de otros fondos, pueden asumir la gobernanza del grupo y al cabo de un tiempo vender parte de sus activos para retornar los más de 1.000 millones de deuda que quedarán pendientes de abonar pese a la sentencia judicial.

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