Si los poseedores de licencias para convertir un apartamento en un alojamiento turístico tuvieran que dejar este negocio, habría una reconversión sectorial “mucho más fuerte que la de la Nissan”. Se refiere, el presidente de Federatur, David Riba, a los 1.200 millones de euros que ingresa este tejido ("somos el 3,7% del PIB del sector turístico") y a los 26.200 trabajadores que ocupa este sector en Catalunya, que temen perder su negocio si la nueva ley que supuestamente prepara la Generalitat va en la línea que ellos sospechan: poner fecha de caducidad a sus licencias.
En realidad, el Govern catalán no se ha pronunciado todavía al respecto ni en público, ni, al parecer, en privado. Pero es precisamente esta falta de información la que ha puesto en alerta a la Federació Catalana d’Apartaments Turístics, que ha convocado este jueves a los medios para reivindicar su sector como un negocio que en un 86% está en manos de personas con un solo piso de este tipo en propiedad, que en un 60% alquila su segunda residencia y que en un 40%, aproximadamente, utiliza estos ingresos para llegar a final de mes.
Según sus datos, hay en torno a 95.000 alojamientos turísticos en Catalunya, mayormente concentrados en la Costra Brava (42%), la Costa Dorada (24%) y Barcelona (10%). En total, ingresaron 1.200 millones de euros en 2022, un volumen un 20% superior al del año previo y que equivale al 3,74% del PIB del sector turístico catalán, y dio trabajo de forma directa a 26.200 trabajadores.
“Casi una de cada dos plazas de alojamiento turístico en Catalunya es de apartamento turístico, y si redujésemos a la mitad el alojamiento de Catalunya, no podríamos dar cabida a muchas vacaciones tanto de catalanes como de gente extranjera, pero tampoco podríamos celebrar ferias tan importantes como el Mobile”, ha planteado Riba.
Parque de vivienda
A su lado, la vicepresidenta de Federatur, Esther Torrent, ha añadido que este tipo de alojamientos son apenas un 3% del parque de vivienda que hay en Catalunya y que, además, el incremento de licencias se ha ralentizado en los últimos años pasando de un 15% en 2018 a un 5% el año pasado. Este último avance, además, lo relacionan en buena medida con la regulación de los apartamentos turísticos ilegales.
“Se nos responsabiliza del mal uso de la vivienda –ha contextualizado la misma–, pero son muchos los casos que demuestran que no hay una relación causal entre los apartamentos turísticos y esta problemática”. A su juicio, “la administración tendría que ser mucho más proactiva en sus políticas de vivienda social” y no traspasarles esta problemática.
“Muchos de nosotros hace 20 años que estamos haciendo esto y no sabemos hacer otra cosa”, ha insistido Riba ante la posibilidad de que la Generalitat regule mucho más duramente este sector. “Estamos preocupados porque sabemos que habrá una ley que nos caerá encima y que no sabemos muy bien por donde irá, así que lo que estamos haciendo es recoger los datos del sector más significativos para poderlos contar y defendernos en la medida que podamos”, ha concluído.