El futuro de Celsa, la empresa familiar más grande de Catalunya, pende de un mazazo. Un “visto para sentencia” que se producirá este próximo martes y decidirá si el grupo siderúrgico más importante de toda España, que emplea a 10.000 personas y factura más e 6.000 millones de euros, sigue estando controlado por la familia Rubiralta o pasa a manos de un grupo de fondos acreedores. Estos ya no se fían que de la segunda generación de Rubiralta les devuelva el los más de 2.200 millones de euros de crédito y exigen ejecutar una especie de opción de compra a cambio de gran parte de lo prestado. Según han reiterado por activa y por pasiva tanto los representantes de los fondos como sus peritos, lo único que quieren cambiar en Celsa son los titulares de las sillas de su consejo de administración.