El adelanto electoral ha dejado en el aire muchas de las normas que el Gobierno había reservado para el tramo final de la legislatura y el Estatuto del Becario es una de ellas. Si bien el Ministerio de Trabajo insiste en que su hoja de ruta sigue pasando por aprobar dicha norma antes de los comicios. Una norma que plantea obligar a todas las empresas que acogieran a estudiantes en prácticas a costearles el transporte y el material. Y, de no hacerlo, se expondrían a sanciones de hasta 7.500 euros, según recoge el último borrador remitido a patronal y sindicatos, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.