Atasco en los juzgados: un despido tarda el doble en resolverse que hace 20 años

Si un trabajador catalán es despedido hoy y decide, por los motivos que sean, impugnar dicho cese ante los tribunales, tardará 7,6 meses, de media, en tener una sentencia. El doble que hace 20 años, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ). Angustia y falta de ingresos para los trabajadores; lastre a la hora de introducir nuevos cambios y sobrecoste para las empresas. Son algunas de las consecuencias del atasco que ha ido escalando inexorablemente durante las últimas dos décadas y que en el caso de cuestiones tan sensibles como un accidente laboral pueden elevar el tiempo de espera por encima de los dos años. "Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", con sus licencias y variaciones, todas las fuentes consultadas para este reportaje han acabado citando esta frase atribuida al filósofo romano Séneca. Tanto jueces como abogados de empresa y de trabajadores lamentan los problemas derivados del progresivo aumento de tiempos para la resolución de asuntos de lo social en los juzgados catalanes y de toda España. “Llevo 17 años como juez y no soy optimista. En 2007 recuerdo fijar juicios por despido a dos meses vista, hoy los estoy fijando a más de un año”, afirma el magistrado titular del juzgado de lo social 10 de Barcelona y delegado de la jurisdicción social, Jesús Gómez. El abanico de tiempos es diverso, si bien el denominador común es que todos los asuntos se han ido demorando. Las esperas para sentencia oscilan desde los 25,5 meses para un accidente de trabajo, hasta los 5,6 meses para un conflicto colectivo (como sería un ERE). ¿Por qué van creciendo las demoras? Más casos y más complejos. Este es el diagnóstico compartido entre los actores consultados. "Teóricamente tenemos entre los 35 juzgados de lo social de Barcelona unos 900 casos fijados cada año, aunque desde la crisis del 2008 realmente acabamos asumiendo unos 1.100 o más", explica Gómez. Un incremento de asuntos del 22% cada año que ha ido haciendo poso. Mientras, en dos décadas el número de juzgados barceloneses se ha ampliado en dos. “La administración de justicia es vista por los partidos políticos, de todos los signos, solo como un gasto. Y sufrimos una falta endémica de recursos. Tengo la sensación de estar achicando agua todo el día. Es desalentador, porque damos un servicio público y somos conscientes de detrás de esa demora hay gente está esperando su sentencia, que necesita esos ingresos y que son miles”, añade. ¿Cómo afecta a los trabajadores? "Sinceramente, si ahora mismo me viene un trabajador que acaban de despedir y quiere reclamar la improcedencia o la nulidad le diría que se vaya buscando otro trabajo mientras tanto", explica el vicedecano del Col.legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona y Lleida, Manuel Brenes, durante un receso de su congreso anual que celebran estos días en Barcelona. Ese atasco en los juzgados, sumado al estado actual de la legislación, fuerza una mayor actitud conciliadora entre los trabajadores. Y es que una de las herencias de la reforma laboral del PP y que la reciente de Yolanda Díaz no ha tocado son los 'salarios de tramitación'. Estos obligaban a las empresas a pagarle a un trabajador despedido todo el salario que debía haber percibido entre el momento del cese y de la sentencia que le reconoce la improcedencia del mismo. Lo que podía convertir el coste indemnizatorio a asumir por las compañías de dos meses de sueldo (para un trabajador fijo con dos años de antigüedad) a todo un año, si el juicio se demoraba 10 meses. “Claramente que no existan salarios de tramitación desincentiva a las empresas a ofrecer unas buenas ofertas para conciliar los despidos. Muchas veces no ofrecen el máximo, porque eso ya lo tendrán que pagar tras la sentencia. La justicia no deja de ser un servicio público y la falta de medios acaba perjudicando en mayor medida a quien menos tiene”, apunta el abogado del Col·lectiu Ronda José Antonio González Espada. Reclamar unas horas extra no pagadas, por ejemplo, se puede volver todo un periplo. De media, los jueces tardan más de un año en resolver y mientras ese trabajador demandante ha de convivir todo ese tiempo con su empresa demandada, lo que enrarece, como mínimo, las relaciones laborales. ¿Y a las empresas? “Acaba generando una percepción de desconfianza y hay empresas que acaban posponiendo o paralizando ciertas decisiones si perciben que acabaran en el juzgado”, coincide el socio de laboral del bufete de abogados Pérez-Llorca, Manel Hernández. “Yo no diría que las empresas acaban frenando ciertas decisiones, pero sí que asumen mucho más riesgo y costes si las cosas no les salen bien”, matiza el socio de laboral de Roca Junyent Albert Rodríguez. Ese espíritu de conciliación forzada que el atasco de los juzgados impone a los trabajadores no se extiende a las empresas. “Yo les recomiendo que esperen al juicio si la oferta no es muy buena, porque en un año pueden pasar muchas cosas y el trabajador puede acabar desistiendo”, apunta el vicedecano del Col.legi de Graduats Socials. No obstante, cuando el litigio es con la administración por una propuesta de sanción de la Inspección de Trabajo, el guion suele ser distinto. “Hay un incentivo para pagar, aprovechar el descuento del 40% que ofrece la ley si se acata la sanción y olvidarse del tema”, reconoce Hernández, de Pérez-Llorca. La alternativa es esperar año y medio (de media), tener que provisionar el dinero de la multa por si acaso –lo que impide invertirlo en otras cosas- y convivir con ello hasta la sentencia. Eso siempre que la compañía no opte por recurrir al TSJ, lo que le añade, de media, otros cuatro meses.

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