El Govern ofrece a sus funcionarios hasta 31 euros la hora para vigilar la repetición de las oposiciones

El Govern de la Generalitat está acabando de reclutar voluntarios entre sus empleados públicos para vigilar la repetición de las oposiciones, previstas para los días 1 y 8 de julio. Tras el fiasco en las anteriores pruebas, la administración catalana ha asumido internamente la organización de las mismas y ofrece un pago de hasta 31 euros la hora por funcionario o personal laboral que voluntariamente se preste a supervisar ese día. Si bien por el momento la Generalitat declina dar cifras definitivas de con cuántas personas contará ese día, sí prevé exceder el cupo mínimo para garantizar que el caos del pasado 29 de abril no se repita, tal como ha transmitido la directora de Funció Pública, Anna Maria Molina, a los sindicatos en la reunión de seguimiento que han mantenido este miércoles. La sensación unánime entre las centrales, según fuentes consultadas, es que esta vez la Generalitat está haciendo las cosas bien y que no habrá problemas durante las repeticiones. Sobre la indemnización monetaria que la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, prometió a los 13.500 inscritos no hay novedades por el momento y su departamento sigue estudiando jurídicamente la fórmula. Con el objetivo públicamente manifestado de pagarla a todo el mundo antes del 1 de julio. Mientras la Generalitat sigue el proceso para rescindir el contrato con Cegos, la empresa a la que se le externalizó la organización de las pruebas, apura los tiempos para acabar de preparar los nuevos exámenes. Estos están previstos para los próximos 1 y 8 de julio, y están apuntadas unas 13.500 personas que debían haberse examinado hace más de un mes. La 'conselleria' de Presidència ha descartado habilitar una fecha de repesca para aquellas personas apuntadas pero que no pueden, por el motivo que sea, personarse en las nuevas fechas para examinarse. Únicamente para aquellas personas en estado avanzado de embarazo, que tengan que dar a luz para esas fechas o estén inmersas en la fase definitiva de un proceso de adopción, se les habilitará la posibilidad de examinarse en otras fechas. La Generalitat ha rechazado habilitar nuevos supuestos, ya que ello les obligaría a rehacer las bases jurídicas del proceso y lo dilataría en el tiempo. Aluvión de voluntarios La administración catalana va a contrarreloj para en menos de dos meses montar toda la operativa que les permita solventar las oposiciones y evitar un nuevo caos como el experimentado el 29 de abril. Funció Pública dice ya haber reclutado a todo el personal que estima necesario para organizar y vigilar las pruebas. No obstante, a preguntas de EL PERIÓDICO, desde el departamento descartan dar cifras. "Todavía no lo tenemos cerrado, el llamamiento está abierto. Seguramente sí tendremos más voluntarios de los que necesitamos. Tenemos una situación excepcional en la que las personas funcionarias se sienten comprometidas y son solidarias", afirman. Y es que uno de los problemas de la pasada convocatoria fue que no había supervisores suficientes y que en muchas aulas eso se tradujo en gente saliendo al lavabo sin supervisión, lo que les permitiría filtrar el contenido de los exámenes o recibir chivatazos desde fuera. A los funcionarios, personal laboral e interino de la propia administración que se presenten para vigilar exámenes se les abonará un pago de 15,63 euros la hora, si son ayudantes, de 23,44 euros, si son responsables de aula, y de 31,25 euros, si son coordinadores. Los importes no son arbitrarios, sino que obedecen a las "indemnizaciones por razón de servicio" recogidas en el decreto 138/2008 que ha regulado históricamente estos procesos. Si la jornada finalmente dura unas siete horas, que era el tiempo estipulado para los vigilantes de las anteriores pruebas, el plus por trabajar ese día oscilaría entre 109,41 y 218,75 euros por empleado, según su rol. "Están organizando las cosas bien, como se ha hecho desde siempre", apunta una fuente sindical consultada. Y es que ha sido la primera vez que un proceso de oposiciones lo externalizaba la Generalitat y se saldó con nefastos resultados, con cruces de responsabilidades entre la administración catalana y Cegos. Un choque que llevará a la Generalitat a reclamarle a la empresa una indemnización de al menos un millón de euros que, presumiblemente, acabará en los tribunales. Aulas reservadas Otra parte de la operativa que tiene prácticamente cerrada es la elaboración de los nuevos exámenes, una vez anuló todas las pruebas realizadas por hallar incidencias en el 93% de los exámenes, muchas de ellas graves y que podrían haber sido argumento legal para invalidar todo el proceso si alguien hubiera demandado. Según le ha trasladado la directora de Funció Pública a los sindicatos, la parte teórica de los exámenes ya está redactada y falta de acabar de cerrar la práctica. La Generalitat también ha reservado ya las aulas necesarias para dar cabida a esos 13.500 inscritos. Una de las principales críticas durante el fiasco del 29 de abril fue que las aulas estaban mal dimensionadas. Es decir, que había demasiados opositores en un mismo espacio y ello provocó que no se respetaba la separación necesaria para evitar copias. Ahora la administración catalana dice haber calibrado la capacidad de las mismas para asegurar que no llenar en cada una más del 50% de capacidad, con el fin de respetar esa separación mínima entre opositores.

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