Los trabajadores autónomos de la construcción inmobiliaria, rehabilitación, reformas, hostelería y restauración, comercio y recogida de fruta son a los que el ojo inquisidor de Hacienda vigila más de cerca, algo que sucede por una sencilla razón: sus sectores son los que más riesgo de economía sumergida, fraude fiscal y blanqueo de capitales presentan y donde fluye una mayor cantidad de dinero en metálico.

La actual regulación, Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, fija en 1.000 euros el límite de pagos en efectivo que se puede hacer y saltarse ese tope puede ser castigado con una multa de hasta el 25% de la cantidad total abonada en el pago.

El objetivo de la Agencia Tributaria es que quede un registro de la cantidad emitida, así como del emisor y del destinatario del dinero.

En cualquier caso, y aún no superando el límite de 1.000 euros de un pago, siempre será aconsejable conservar algún tipo de justificante de la operación realizada, justificante que deberemos conservar durante 5 años puesto que Hacienda podrá requerirlo durante ese tiempo siempre que lo crea necesario.