Catorce años ha tardado España en regular las redes eléctricas cerradas, la figura jurídica que permite a varias empresas situadas en un mismo polígono industrial compartir un mismo contador eléctrico para ahorrar dinero en la factura de la luz. Aunque tanto la Generalitat de Catalunya como el Principado de Asturias, los ejecutivos de dos de los principales polos industriales del país, han celebrado la medida, el sector industrial advierte de que, salvo sorpresas, su aplicación será limitada. “No le veo demasiado futuro. Quizás haya algún caso pero será limitado”, explica el director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AEGE), Pedro González.