El Congreso ultima penalizar a los bancos con más dictámenes en contra del Defensor del Cliente

Los grupos parlamentarios que tramitan la creación de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero ultiman penalizar a los bancos, aseguradoras, sociedades de valores y demás empresas financieras que reciban más pronunciamientos en contra por parte del organismo. En coordinación con el Ministerio de Economía, así, el PSOE negocia una enmienda al proyecto del Gobierno para que estas entidades tengan que contribuir en mayor medida que el resto a financiar el organismo, según confirman diversas fuentes a este EL PERIÓDICO. La iniciativa será debatida este martes a puerta cerrada en el seno de la comisión de economía del Congreso y los socialistas confían en lograr el apoyo suficiente para sacarla adelante, hoy mismo o en la próxima reunión del órgano de la Cámara baja, prevista en principio para el jueves. A expensas de cambios de última hora, la propuesta pasa por modificar la tasa de 250 euros por reclamación con que estaba previsto que las entidades financien la nueva autoridad, aunque manteniendo que acudir al organismo siga siendo gratuito para los afectados. Así, los socialistas han propuesto que el 40% del coste de funcionamiento de la Autoridad se reparta proporcionalmente al número de reclamaciones resueltas de cada entidad financiera respecto al total de reclamaciones resueltas, mientras que el 60% restante se repartiría proporcionalmente al número de dictámenes favorables a los reclamantes de cada entidad respecto al total de fallos favorables a los clientes. Se estimaría una cantidad global anual de ingresos provisionales, que se liquidaría definitivamente en el mes de abril del año siguiente, una vez conocidos los gastos definitivos de la Autoridad. Más novedades No es el único aspecto donde se prevén cambios. Los grupos también negocian rebajar el importe reclamado por debajo del cual las decisiones de la nueva autoridad van a ser vinculantes para las entidades (no para los clientes). El proyecto de ley del Gobierno lo fijó en 20.000 euros, lo que cubre en torno al 95% de las reclamaciones actuales. Por ello, los partidos de la alianza del Ejecutivo y sus socios estiman que hay margen para rebajarla sin perjudicar a los clientes. De hecho, si quedase en 10.000 euros, todavía quedarían cubiertas el 90% de las reclamaciones. Otro aspecto clave del proyecto en el que se estudian modificaciones es en el del acceso a los tribunales. En el proyecto del Gobierno, las entidades pueden recurrir las resoluciones de la Autoridad, o por vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional en el caso de las vinculantes, o por vía civil en el caso de las no vinculantes. Hay dudas sobre su encaje legal, como han advertido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, y se analiza si llevar todos los recursos a la vía civil. Asimismo, se están negociando mejoras en la normativa que regula las cuentas de pago básicas (las que las entidades están obligadas a conceder a colectivos vulnerables como inmigrantes sin permiso de residencia). También se estudia fijar una especie de baremo para los clientes potenciales (aquellos que no han llegado a firmar un contrato con la entidad, pero se sienten perjudicados). Tasa polémica La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya se abrió en principios de marzo a modificar la tasa, que desde el principio ha generado dudas respecto a su encaje en la ley de tasas y precios públicos de 1989. Desde distintos ámbitos -como el Banco de España, el CGPJ o las patronales financieras- se viene advirtiendo desde abril del año pasado de que la tasa fija de 250 euros por reclamación admitida podría suponer un incentivo perverso, ya que las entidades podrían aceptar toda reclamación inferior a esa cantidad porque les sería más barato, lo que a su vez podría causar una ola de reclamaciones. La oposición, de hecho, ha hecho piña para rebajar la tasa. Así, PP, PNV, Cs, Junts y PdeCat han instado a rebajarla a entre 100 y 50 euros, según el caso, además de proponer distintas fórmulas para que las entidades no tengan que pagar toda o parte de la tasa en caso de que el nuevo organismo les dé la razón y dictamine en contra del cliente. PSOE y Unidas Podemos no hicieron ninguna propuesta de modificación inicialmente, pero se trataba de una estrategia negociadora para no revelar sus cartas de cara a la negociación de las enmiendas que se ultima esta semana. En cuanto al importe de las reclamaciones por debajo del cual las decisiones de la nueva autoridad van a ser vinculantes, el PNV y PdeCat propusieron hace unas semanas rebajarlo de 20.000 a 2.000 euros; el PP, a 1.000 euros; y C's, a 6.000 euros. ERC, en cambio, planteó que todas las decisiones del organismo sean vinculantes o, como alternativa, que lo sean para reclamaciones de hasta 100.000 euros. En su día, las patronales bancarias AEB y CECA reclamaron suprimir dicho carácter vinculante de las resoluciones y que, de mantenerse, lo sea también para los clientes y para reclamaciones de una cuantía menor. La AEB, en concreto, abogó por fijar el umbral en 5.000 euros.

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