La ley de la vivienda que ha impulsado el Gobierno ordena una serie de aspectos que afectan competencias autonómicas. La proximidad electoral, en las distintas cámaras, encona el debate, aunque desde la parte socialista del Ejecutivo se insiste en que la nueva legislación homogeneiza una serie de medidas que ahora eran distintas en función del territorio. Esta "melé competencial", según una fuente ministerial, provoca desconcierto entre las propias administraciones afectadas, promotores inmobiliarios, personas usuarias o propietarios de inmuebles. Pero, ¿quién manda realmente en la regulación de la vivienda?