Escrivá cifra en 140.000 millones el dinero de las pensiones que ha ido a otros gastos en los últimos 30 años

La Seguridad Social acumula más de 30 años en los que ha estado pagando con cotizaciones sociales de los trabajadores prestaciones consideradas no contributivas, como la sanidad (entre 1989 y 1998), el complemento de mínimo de las pensiones (hasta 2014), las bonificaciones de cuotas para apoyar la creación de empleo o las ayudas por nacimiento de hijos, entre otras. Ahora, el ministro José Luis Escrivá ha puesto cifras a este lastre y, en un informe remitido a los diputados del Pacto de Toledo, viene a asumir que desde 1989 se han gastado más de 90.000 millones provenientes de cotizaciones sociales para financiar políticas no contributivas (dentro de la legalidad, en todo caso). Además, calcula que en todos estos años el Estado se ha quedado corto en cerca de 50.000 millones de euros en sus transferencias a la Seguridad Social para financiar prestaciones contributivas. Si se suman ambas cantidades, se llega a la conclusión de que el Ministerio de Seguridad Social cifra en unos 140.000 millones los gastos asumidos por la Seguridad Social en los últimos 30 años para financiar prestaciones que debían haber sido cubiertas con impuestos. Las cifras que figuran en el 'Informe sobre la acción protectora de la Seguridad Social y la Financiación del Estado' tambien se pueden leer de otra manera: esos 140.000 millones serían suficientes para poner a cero la deuda de la Seguridad Social contraída por el Estado desde 1999 (106.178 millones) y aún quedarían más de 30.000 millones para nutrir una hucha de pensiones con la que atender algunas de las futuras dificultades que se auguran para el sistema. Si, como ya recomendó el Tribunal de Cuentas en 2020, el Estado hubiera devuelto estas cantidades a la Seguridad Social, los debates sobre los recortes de las pensiones se podrían haber formulado sobre una base diferente. Casi año y medio de pensiones Para comprender el alcance de esta cifra de 140.000 millones, basta apuntar que daría para pagar más de un año de pensiones de jubilación en España (16 mensualidades). Además hay que señalar que esta cantidad ya no irá a más, pues el Gobierno ya ha culminado el llamado proceso de separación de fuentes de financiación y en 2023 las cotizaciones solo van a pagar pensiones contributivas; las prestaciones no contributivas ya se pagan con transferencias del Estado provenientes de la recaudación de impuestos. Pero la insuficiencia de los últimos años ha dejado un lastre de deuda con el Estado en la Seguridad Social (106.178 millones a diciembre de 2022) que va camino de convertirse en perpetua, pues cada vez que se acerca el momento de pagarla, el Gobierno de turno aprueba un nuevo aplazamiento de 10 años, y que no genera intereses (son préstamos sin interés). Las cantidades más abultadas de cotizaciones sociales que en los últimos años se han destinado a pagar gastos que tenían que haber sido cubiertos con impuestos corresponden a sanidad (30.991 millones entre 1989 y 1998); complementos para pensiones mínimas (51.890 millones entre 1999 y 2013); bonificaciones de cuotas por creación de empleo (15.163,44 millones entre 1991 y 2022) y prestaciones por nacimiento de hijos (39.305,16 millones, entre 1991 y 2000). Primer informe de un Gobierno Este informe del ministerio de Escrivá es el primero en el que un Gobierno realiza una aproximación sobre el importe de estos gastos impropios que explican buena parte de la debilidad financiera a la que se tiene que enfrentar el sistema público de pensiones. El ejercicio nace de una obligación que el propio Escrivá asumió en la ley de reforma de las pensiones de 28 de diciembre de 2021. "En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social" para el periodo entre 1967 y 2019, decía una disposición adicional incluida en aquella ley. La inclusión de esa disposición fue una exigencia de ERC, como condición para votar a favor de la reforma en el Congreso. Con algo más de un año de retraso, el Ministerio ha remitido a Las Cortes, no el informe de auditoría que exige la ley, pero sí un documento con cantidades que corresponden al periodo entre 1989 y 2021. El Tribunal de Cuentas ya lo dijo Mucho antes que esto, el Tribunal de Cuentas ya emitió un agosto de 2020 un informe de fiscalización sobre la Seguridad Social, con datos hasta diciembre de 2018, en el que estimó en 103.690 millones de euros los gastos que "deberían haber sido financiados en su totalidad mediante una aportación del Estado a la Seguridad Social" y el "perjuicio" por la "demora en la asunción por el Estado de sus compromisos de financiación". El Tribunal de Cuentas daba un paso más y hacía esta recomendación al Gobierno: "Que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos, consiguiendo de facto la efectiva separación de las fuentes de financiación recogida en la Recomendación primera del Pacto de Toledo", ya desde sus orígenes, en 1995. El 'mantra' de las pensiones insostenibles El diputado de ERC Jordi Salvador es el parlamentario de la actual Comisión del Pacto de Toledo que más ha insistido en el perjuicio que los gastos impropios han causado al sistema de pensiones. Él lo llama "saqueo a la Seguridad Social" y, desde su punto de vista, el asunto es grave, "no solo por los miles de millones desviados, sino por el relato que se ha ido creando": "Sobre las bases del saqueo de la caja a la Seguridad Social se ha construido la mentira de que el sistema de pensiones es insostenible", afirma. "El mantra de la insostenibilidad y de la crisis permanente ha servido para legitimar duante años el recorte en pensiones y en los derechos de los pensionistas. Pero sobre todo -añade-, para crear un pánico que solo ha favorecido al sistema financiero y su negocio de los planes de pensiones privados", sostiene el diputado catalán. Desde su anterior responsabilidad como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el actual ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya insistía en la anomalía de los "gastos impropios" y sostenía que si se trasladaran de la Seguridad Social al Estado, "no habría déficit y la Seguridad Social estaría en situación de equilibrio o ligero superávit". No en vano, el déficit de la Seguridad Social se ha reducido de forma drástica a partir de 2021, al mismo tiempo que el Gobierno ha multiplicado las transferencias para que el Estado asuma el 100% de las prestaciones no contributivas. Tras haber registrado un agujero de 15.860 millones en 2019 y de 28.263 millones de euros en 2020 (equivalentes al 1,27% y al 2,53% del PIB respectivamente), la necesidad de financiación de los fondos de la Seguridad Social se ha estabilizado en el entorno del 0,5% del PIB en 2022 (5.989 millones) y en la previsión para 2023.

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