El sector inmobiliario reacciona ante la nueva Ley de Vivienda que aprobará el Gobierno en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya y Euskal Herria Bildu, en las próximas semanas. El consenso del sector es que esta medida tiene un carácter "electoralista", en vistas a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo; aunque la utilidad real sea "nula".

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), participada por los grandes caseros de España y pequeños propietarios, considera que "la regulación de precios del alquiler no va a solucionar el problema de falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible". La asociación liderada por Joan Clos, exministro de Industria y exalcalde Barcelona con el PSC, cree que "la experiencia internacional ha demostrado que el control de precios reduce la oferta y limita la inversión, dificultando aún más el acceso a la vivienda de los colectivos vulnerables" y que generará "gran inseguridad jurídica en el mercado"

La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA), que engloba a las principales compañías inmobiliarias españolas con toda clase de activos, sitúa a la nueva Ley de Vivienda como "una medida cortoplacista y contraproducente", que" no resuelve el verdadero problema de fondo del alquiler en España, la falta de oferta". Entre las consecuencias inmediatas destacan que "va a generar que se retire vivienda del mercado" y que los precios "se encarezcan en el medio y largo plazo". ASIPA también esperaba que "tuviera más alcance de miras y que hubiera contado con la opinión de todos los involucrados", además de denunciar que "aprobarla de forma apresurada y con ruido político e ideológico de fondo, y a las puertas de unas elecciones, no parece que sea la mejor forma de hacerlo".