Así cambian las pensiones: claves de la nueva reforma

El Congreso de los Diputados ha aprobado la última capa de la reforma de las pensiones, aquella que debe asentar los cimientos para resistir la embestida de la jubilación de los 'baby boomers' (nacidos en la década de los 60). El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha pactado con Bruselas , con los socios de gobierno de Unidas Podemos y los sindicatos una estructura para afrontar un progresivo aumento de gasto durante las próximas décadas, dado el envejecimiento de la población, y que convertirá a España en 2050 en el tercer país de la Unión Europea que mayor gasto destinará a costear su sistema público, según cálculos del Banco de España. La reforma de Escrivá se ha ido desplegando por capas. Primero generó un sistema de incentivos y penalizaciones para limitar las prejubilaciones y premiar que los trabajadores alargaran sus carreras laborales. Luego dio un vuelco al sistema de cotización de los trabajadores autónomos, para que estos pagaran cuotas en función de sus ingresos y rendimientos y así llevar más dinero a las arcas públicas. Y ahora pretende activar cinco palancas que deben servir para aumentar los ingresos de las arcas de la Seguridad Social y mejorar las prestaciones de parte del colectivo, especialmente aquellas personas con carreras profesionales menos estables. Palancas que, en su mayoría, irán a costa de las cuentas de las empresas, especialmente de las grandes, así como un mayor esfuerzo por parte de la propia Administración. Según estimaciones del Ejecutivo, solo con la nueva "tasa de solidaridad" creada para gravar la totalidad de los salarios altos, el aumento de las cotizaciones extraordinarias (MEI) para la hucha de las pensiones y la progresiva elevación de la base máxima de cotización, la Seguridad Social recaudará algo más de 15.000 millones de euros cada año, cuando las medidas estén desplegadas de forma plena. El objetivo es poder generar ingresos suficientes para poder destinar un 15,5% del PIB español en pagar pensiones, tal como está pronosticado para el 2050. Actualmente el gasto equivale al 12% del PIB, si bien el retiro de los baby boomers comienza a elevarlo. Subida de las bases máximas de cotización La novedad de mayor peso que introduce Escrivá en su reforma es la subida de las bases máximas de cotización. Actualmente los salarios no cotizan por su total integridad y hay un tope a partir del cual quedan libres de gravamen. Concretamente, el erario público solo grava hasta los 4.495,50 euros al mes, a partir de ahí el sueldo deja de cotizar y ello le supone un ahorro de costes a la empresa. La idea de la Seguridad Social es elevar progresivamente este tope, para obtener mayores ingresos. Actualmente hay, según los propios cálculos del Ejecutivo, alrededor de 1,2 millones de trabajadores en toda España que no cotizan por la integridad de su salario. La medida aprobada en el Congreso contempla un incremento progresivo de esas bases máximas. Empezará a partir del 2024 y cada año estas subirán lo que suba el IPC -como hacen la cuantía de las pensiones contributivas- más un incremento anual del 1,2%. De este modo, en el horizonte 2050, la actual base máxima acumulará un incremento del 38%, según concretan fuentes conocedoras de las conversaciones, al que habrá que añadir la actualización derivada del IPC. Tasa de "solidaridad" La subida de bases de cotización no será la única vía de para aumentar ingresos que espera la Seguridad Social. Y es que las bases subirán, pero no se alcanzará un destope íntegro, que implicaría que los salarios altos cotizaran en su totalidad como ocurre en otros países de la Unión Europea. Para complementar los ingresos del erario público y hacerlo bajo esa filosofía de gravar la integridad de las remuneraciones, Escrivá ha diseñado una tasa que ha bautizado de "solidaridad" que regirá sobre el porcentaje de salario por encima de la base máxima que quedará sin cotizar. Por ejemplo, un salario de 100.000 euros al año cotiza actualmente hasta los 53.946 euros y deja 46.054 euros sin cotizar. La tasa de "solidaridad" gravaría esos 46.054 euros y lo haría por la vía de un porcentaje que irá aumentando a lo largo del tiempo. Arrancará en 2025 con un tipo del 1% e irá creciendo en un 0,25% cada año hasta 2045, hasta llegar al 6%. Esos seis puntos se dividirán en cinco a cargo de los empresarios y un punto restante para los empleados. En contra de lo que se esperaba en un principio, este recargo no será temporal sino permanente. Además, su aplicación no generará derechos de cara a elevar la pensión máxima de jubilación del trabajador. Prórroga y ampliación del MEI Este 2023 ha entrado en vigor el bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo sobre la cotización de los trabajadores de 0,6 puntos que principalmente corre a cargo de la empresa. Este recargo ha empezado a regir desde este año y está previsto que siga vigente hasta 2032. La Seguridad Social calcula que lleva unos 2.700 millones de euros al año a las arcas públicas y ahora se dispone a subir ese gravamen. La idea de Escrivá es doblar esos 0,6 puntos y llevarlos a 1,2 puntos, de los que uno iría a cargo de las empresas y 0,2 puntos a cargo de los trabajadores. No solo sube en importe el MEI, sino que también queda extendido en el tiempo, algo que desde la Comisión Europea se le había reclamado a España. Concretamente la reforma de Escrivá lo lleva desde el actual horizonte de 2032 hasta 2050. Periodo de cómputo para calcular las prestaciones Los futuros jubilados podrán escoger entre mantener el actual periodo de cómputo de 25 años o ampliarlo a 29 años y descontar los peores 24 meses de cotización para calcular su pensión. Escrivá aumenta así el periodo de cómputo, tal como ha perseguido desde el inicio de la legislatura, pero lo hace de una manera que no perjudique seguro a ningún pensionista. Este doble esquema de periodo de cómputo tendrá un carácter temporal y estará vivo hasta 2044. A partir de entonces quedará instalado ya de manera única el modelo de 29 años, con posibilidad de descontar dos. La última reforma de pensiones del PSOE, aprobada en 2011 en los últimos coletazos del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, amplió de 15 a 25 años el periodo de cómputo, lo que representó un recorte de pensión para gran parte del colectivo. Según pretende Escrivá, los futuros jubilados podrán escoger entre seguir con los actuales 25 últimos años de cotización o subir a 29 años y descontarse dos. ¿Quién saldrá beneficiado? Este cambio está pensado para aquellas personas con carreras laborales menos estables. Por ejemplo, un trabajador que tenía un buen sueldo pero que a los 62 años es despedido en un ere y los últimos cinco años de vida laboral carece de ingresos laborales. A este, probablemente, le interesa más la segunda modalidad y si hubiera mantenido su empleo le interesaría más la primera. Lagunas y reducción de jornada por cuidado de hijos A estas modificaciones sobre el periodo de cómputo se suma una mejor cobertura de lagunas de cotización, es decir, aquellos años que el trabajador, por el motivo que sea, no ha estado cotizando. Ya sea porque lo han despedido, porque ha renunciado al trabajo para cuidar de un hijo o un familiar o porque no logra encontrar empleo. La Seguridad Social dará un trato más favorable a dichas lagunas, para penalizar menos a aquellos trabajadores con carreras menos estables y a costa de un mayor gasto público. Y, para lograr el apoyo de ERC, la reforma también incluye una mejor cobertura para los trabajadores que reduzcan su jornada laboral para cuidar de hijos o familiares. A partir de ahora estos cotizarán por el 100% de su jornada anterior a la reducción y durante todo el periodo de tiempo que dure la misma y no únicamente durante los dos o tres primeros años, como marca la legislación actual. Por otro, que se aumenta la pensión de incapacidad temporal por riesgo durante el embarazo o la lactancia para aquellas mujeres que tengan una reducción de jornada. Pensiones máximas y mínimas La última capa de la reforma de Escrivá también afecta tanto a las pensiones máximas, como a las mínimas. Ya el año pasado entró en vigor una de las primeras medidas acordadas en el seno del diálogo social, que consiste en subir cada año las prestaciones contributivas en función de lo que suba el IPC, con el fin de blindar el poder adquisitivo de estos pensionistas. Sobre esa base, ahora Escrivá ha modificado las condiciones tanto de las prestaciones máximas, como de las mínimas. En España las pensiones máximas están topadas, es decir, los salarios altos no cobran en función de la integridad de lo que han cotizado y el Estado, bajo criterios redistributivos, marca un tope de prestación. Este 2023 la cuantía máxima de la pensión que puede cobrar un jubilado es de 3.059,23 euros mensuales. La idea de Escrivá es ir elevando ese tope de manera progresiva, aunque a un ritmo menor al que subirán las bases máximas de cotización. Su pretensión inicial era elevar el actual tope, sumando el efecto de la inflación, entre un 15 y un 25% respecto a los actuales niveles. Y, en relación a las pensiones mínimas contributivas, el aumento de dichas cuantías será superior al incremento medio de las pensiones. Su plan es llevar la prestación mínima contributiva para mayores de 65 con cónyuge a cargo al equivalente al 60% de la renta mediana para un hogar con dos adultos. Y la mínima no contributiva, hasta un 75% de la renta mediana de un hogar unipersonal. Todo ello de manera progresiva pero con el horizonte del 2027 para tenerlo ya cumplido.

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