El Congreso sopesa penalizar a los bancos con más fallos en contra del Defensor del Cliente

Los grupos parlamentarios que tramitan la creación de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero están sopesando penalizar a los bancos, aseguradoras y empresas de valores que reciban más pronunciamientos en contra por parte del organismo. Así, están valorando si sería posible que estas entidades tengan que contribuir en mayor medida que el resto a financiar el organismo, según confirman diversas fuentes a este diario. La decisión no está tomada porque falta por comprobar si legalmente sería posible implementarlo, pero es una fórmula que se considera atractiva para desincentivar a las entidades que tengan un peor comportamiento con su clientela. Precisamente, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha abierto este jueves a modificar la tasa de 250 euros por reclamación con que estaba previsto que las entidades financien la nueva autoridad, aunque manteniendo que acudir al organismo siga siendo gratuito para los afectados. "La financiación de la autoridad es uno de los asuntos que han suscitado más comentarios, tanto en el ámbito parlamentario como en el ámbito público, son cuestiones que por supuesto se podrán abordar sin ningún problema a lo largo de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley", ha confirmado en el Congreso. Desde distintos ámbitos, como el Banco de España o las patronales financieras, se viene advirtiendo desde abril del año pasado de que la tasa fija de 250 euros por reclamación admitida podría suponer un incentivo perverso, ya que las entidades podrían aceptar toda reclamación inferior a esa cantidad porque les sería más barato, lo que a su vez podría causar una ola de reclamaciones. "Yo creo que nuestro sistema financiero y nuestra sociedad es lo suficientemente madura como para evitar aquellos abusos o situaciones disfuncionales que han sido señalados, pero a lo largo de la tramitación parlamentaria podemos abordar esta cuestión y mejorar si es preciso el proyecto de ley", ha apuntado Calviño. Propuesta del gobernador Hace unos días en el Congreso, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió a los grupos parlamentarios de que la tasa podría provocar un efecto llamada que llevase a un "incremento de los conflictos" entre los clientes y las entidades. "Un sistema en el que los incentivos estén mejor alineados con los objetivos del proyecto de ley -que creemos que encaja con el concepto de tasa, aunque habría que chequearlo jurídicamente- sería hacer la tasa proporcional a las reclamaciones desfavorables. Alguno de ustedes incluso ha sugerido la posibilidad de que, además, dependiera de las cuantías. Yo creo que quizá se puede trabajar más sobre esta base. La idea de penalizar las reclamaciones desfavorables y no simplemente las reclamaciones per se, me parece que generaría los incentivos que todos queremos", les propuso. La idea gustó a varios de los principales grupos, pero está por ver si es compatible con la ley de tasas y precios públicos de 1989. En su dictamen sobre el anteproyecto de ley del Gobierno, el Consejo de Estado avaló que la tasa de los 250 euros se adecuaba a dicha norma, pero con matices. Así, advirtió que se trataba de una "figura sui generis" ya que "el obligado a pagarla no obtendría nada a cambio". Además, manifestó dudas de que se adaptase al principio de proporcionalidad, por lo que aconsejó a Economía que podría ser "posible, e incluso pudiera resultar conveniente, introducir modulaciones en el pago de la tasa cuando se trate de clientes no consumidores, de modo que estos pudieran asumir el pago de una parte o incluso de la totalidad del importe de la tasa" Los grupos también tienen en sobre la mesa si tiene sentido que la tasa sea igual para las reclamaciones individuales que para las colectivas. Calviño, asimismo, se ha mostrado dispuesta a cambiar otros aspectos del proyecto de ley, como eliminar que las grades empresas puedan acudir a la nueva autoridad, cuyo uso quedaría circunscrito solo a particulares, autónomos y pymes. También ha mostrado su voluntad de reforzar la protección que el organismo brindará a las personas a las que se deniegue una cuenta de pago básica, así como a crear canales de coordinación entre la autoridad y los organismos de consumo autonómicos. Mantenimiento de libretas La vicepresidenta, por otra parte, se ha reunido este jueves con representantes de mayores y de las patronales bancarias (CECA, AEB y Unacc), que como ha adelantado EL PERIÓDICO, se han comprometido oficialmente a mantener las libretas de ahorro a los clientes de más de 65 años, así como a crear un "foro permanente" para el seguimiento del plan para mejorar la inclusión financiera de los mayores, el plan para la España rural y el plan de ayuda a hipotecados en apuros. La banca, asimismo, se ha comprometido a comunicar "más proactivamente" las medidas de este último plan, sobre todo de la posibilidad de amortizar anticipadamente el crédito o cambiarlo de tipo fijo a variable sin coste durante este año. Según ha desvelado Calviño, el plan para las hipotecas ha recibido unas 9.000 solicitudes desde que entró en vigor en enero, lo que multiplica por 15 la media mensual del código de buenas prácticas vigente desde 2012, pero queda aún muy lejos de los más de un millón de potenciales beneficiaros que identificó el Gobierno. En el mes de junio se realizará una evaluación del plan hipotecario para identificar posibles mejoras y, en particular, "revisar los umbrales de aplicación a la luz de la evolución de los tipos de interés, los salarios y otras variables relevantes".

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Calviño se abre a cambiar la tasa que financiará el organismo y los grupos valoran que paguen más las empresas más incumplidoras

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