El Gobierno renuncia a apartar del puesto a los funcionarios que suspendan un test de méritos

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha renunciado a apartar de su puesto de trabajo a aquellos empleados públicos que, de manera reiterada, no superen una evaluación de méritos. Este apartado, incluido en la primera versión del anteproyecto de ley de función pública y que generó polémica entre las organizaciones sindicales, se ha caído del último borrador pretende llevar el Gobierno al Consejo de Ministros de la próxima semana, según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Fuentes sindicales consultadas de UGT se muestran proclives a apoyar el texto. CCOO ha celebrado este martes por la tarde una reunión para decidir su postura, aunque no ha adelantado su posición, mientras que Csif también deberá aclarar si apoya o no el texto. Por parte de Hacienda han declinado valorar el estado de las negociaciones. El ministerio liderado por María Jesús Montero ha diseñado un nuevo esquema para actualizar la norma que regula los procesos de selección, organización y promoción en la función pública. La misma incorpora dos nuevos complementos para ir mejorando progresivamente el sueldo de los empleados públicos que no asciendan de categoría ni cambien de puesto de trabajo, pero acumulen experiencia y formación en el mismo. También reduce de tres a dos los años que como máximo tendrá la Administración para sacar, resolver oposiciones y adjudicarlas al nuevo empleado público. Un elemento complementario a la ley diseñada y ya aprobada para la estabilización de interinos, ya que esta establece que un trabajador eventual no podrá estar más de tres años ocupando una misma plaza. En este punto, el borrador también incluye que la oferta de empleo público de cada año “incluirá un porcentaje no inferior al treinta por ciento de las plazas de acceso libre para promoción interna”. Exámenes de rendimiento periódicos La norma incorpora un sistema de “evaluaciones del desempeño” para medir el rendimiento de las plantillas, con la “finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos”, según figura en el último borrador. Inicialmente ese esquema de evaluaciones contemplaba penalizaciones para aquellos trabajadores que “de manera continuada” sacaran “resultados negativos”, hasta el punto de que podían llegar a apartar del puesto al trabajador. No obstante, esto se cayó en los últimos compases de las negociaciones y, según el último borrador, el modelo de evaluación se repiensa en positivo. Es decir, buenas notas en los exámenes servirán para tener más posibilidades a la hora de promocionar, pedir traslados u obtener mejores complementos salariales, pero queda suprimida la mención específica de remover a alguien de su puesto. Esto podrá ocurrir, pero deberá cursarse por el ya vigente régimen disciplinario del Estatuto Básico del Empleado Público. Incluso para esos elementos Hacienda ha acabado rebajando el peso formal de las evaluaciones, en aras de atraer a las centrales. Estas llegaron a bautizaron inicialmente la primera versión como un “manual de recursos humanos”. En este sentido, un examen positivo pasa de ser “requisito necesario” para la promoción a tenerse “en cuenta”. Los plazos, criterios y mecanismos de evaluación serán consensuados vía “negociación colectiva” entre cada administración y sus sindicatos más representativos. Nuevos complementos salariales Actualmente un empleado de una administración del Estado percibe dos tipos de complementos, sobre su salario base. El complemento de destino, que adapta parte de la nómina al coste de vida de cada zona, y el específico, que remunera según la función desempeñada. A estos el Gobierno plantea añadir un tercero, bautizado como “complemento de carrera”. Y un cuarto, el “complemento de desempeño”, que sustituye al antiguo plus de productividad y condicionará parte del sueldo del empleado público al resultado de esas evaluaciones periódicas anteriormente descritas. La cuantía de los mismos y cómo se reencuadrará a los empleados públicos respecto a las actuales categorías será objeto de una segunda ronda de negociaciones. Hacienda prevé llevarlo al próximo Consejo de Ministros Esta norma está comprometida en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea, en el marco de recepción de los fondos europeos. Ya ha superado el trámite de audiencia pública y ha sido visto para primera vuelta en el Consejo de Ministros. “Es un buen acuerdo. Mejora las condiciones salariales y agiliza la convocatoria de oposiciones”, resume el responsable de la AGE de UGT, Carlos Álvarez. Hacienda encara así los últimos compases de la negociación con los sindicatos más representativos en la administración general del Estado (AGE). Este miércoles a las cinco de la tarde está prevista la que sería la última reunión, según apuntan fuentes sindicales consultadas. Y una vez negociada con los agentes sociales, deberá ser remitida al Congreso, donde podría experimentar cambios respecto al texto descrito en el presente artículo.

El Gobierno renuncia a apartar del puesto a los funcionarios que suspendan un test de méritos

Hacienda aspira a pactar con los sindicatos dos nuevos complementos salariales y aprobarlos en el Consejo de Ministros del próximo martes

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