Los grupos parlamentarios se han dado un plazo de dos semanas para tratar de desatascar la tramitación del proyecto de ley para la creación de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, con la que el Gobierno pretende revolucionar el sistema de resolución de reclamaciones a bancos, aseguradoras y firmas de inversión, según confirman fuentes parlamentarias. El objetivo es sortear el riesgo de que el proyecto decaiga con el fin de la legislatura, como se anhela que suceda en ámbitos de las empresas afectadas y los supervisores. Como desveló este diario, tanto el Banco de España como las patronales bancarias AEB y CECA se pronunciaron rotundamente en contra del nuevo organismo en los informes que enviaron al Ministerio de Economía el año pasado antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros.