Recta final para la creación de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, con la que el Gobierno pretende revolucionar el sistema de resolución de reclamaciones a bancos, aseguradoras y firmas de inversión, entre otras entidades. El Congreso aprobó hace unos días tramitarlo por el procedimiento de urgencia a instancias del Ejecutivo, que trata así de sortear el riesgo de que decaiga con el fin de la legislatura, como se anhela que suceda en ámbitos de las empresas afectadas y los supervisores. Precisamente, el Banco de España cuestionó los aspectos claves del nuevo organismo ante el Ministerio de Economía el año pasado, según un informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. También lo hizo el comité consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en otro documento, si bien la CNMV en sí se limitó a señalar cuestiones técnicas, sin oponerse ni criticar de madera directa el modelo impulsado por el Gobierno, aclaran fuentes conocedoras del proceso.