La nueva Sareb pública ultima su primer plan estratégico para impulsar la vivienda social

La Sareb, la sociedad que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras rescatadas entre 2008 y 2012, ultima en estos días su primer plan estratégico desde que pasó a estar controlada por el Estado en marzo del año pasado. Además de los objetivos financieros, el proyecto incluye un nuevo impulso de su estrategia de vivienda social, en línea con el principio de sostenibilidad social que una ley aprobada por el Gobierno en enero de 2022 introdujo entre los objetivos de la compañía. La presentación del plan tendrá lugar en las próximas semanas, en principio a finales de marzo, coincidiendo con la publicación de los resultados anuales de la empresa, según confirman diversas fuentes a este diario. La nueva estrategia de vivienda social de la firma tiene tres grandes áreas. Por un lado, se está trabajando en identificar un grupo sustancial de viviendas y suelos que puedan ser vendidos a las comunidades autónomas para fines sociales. El parque de inmuebles que la compañía ofrece ceder a autonomías y ayuntamientos ha subido desde las 4.000 iniciales de 2013 hasta las 15.000 ampliables en otras 5.000 de 2021. El problema es que las cesiones han sido muy inferiores a las inicialmente previstas, pese a que la Sareb asume la mitad del gasto para hacerlas habitables: apenas 3.386 hasta junio. Los convenios de cesión, así, no han funcionado bien por las dificultades de las administraciones locales más pequeñas para gestionar los activos y por la falta de viviendas en localidades donde se le solicitaban. Para tratar de solucionarlo, y además contribuir a su objetivo principal de vender los activos y reducir el coste para el contribuyente, la Sareb quiere impulsar las ventas a las comunidades autónomas, que desde su nacimiento apenas rondan las 400. La empresa está negociando con varias autonomías en paralelo y espera que las operaciones se vayan materializando en el futuro. Así, está trabajando en identificar qué administraciones estarían interesadas en adquirir viviendas y si la localización de sus inmuebles se adecua a sus necesidades, así como en comprobar el estado de habitabilidad de los pisos y sus necesidades de reforma. Precisamente, hace un mes anunció un concurso público con un valor estimado de 175 millones de euros para contratar a una empresa que se ocupe del "servicio integral de mantenimiento" de sus activos inmobiliarios durante dos años, ampliables hasta cinco. Cesión de suelos El otro gran proyecto es la cesión de suelos de su propiedad para que promotores privados construyan y gestionen viviendas de alquiler social (en principio, entre 10.000 y 15.000) durante un plazo "igual o superior a 50 años". Para convocar el concurso de licitación pública necesario, la Sareb ha fichado a la consultora Pwc por 386.937 euros, que le está asesorando en el análisis de la viabilidad técnica, jurídica y económica del proyecto. La primera fase, la de análisis y valoración de los suelos y cómo hacer la licitación, se culminará en unas semanas, y luego habrá una segunda de cuatro meses para llevar a cabo el concurso. Se trata de un modelo similar al que han puesto en marcha administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona o la Comunidad de Madrid. El riesgo de construcción, financiación y explotación de las viviendas lo asumirá íntegramente el promotor y, finalizada la cesión del suelo, los activos revertirán a su propietario. En principio no debería ser la Sareb, ya que la ley establece que deberá desaparecer en noviembre de 2027. El Gobierno y el FROB, con todo, han dejado en alguna ocasión abierta la puerta a extender ese plazo, si bien fuentes del mismo aseguran no tenerlo ahora sobre la mesa. El tercer pilar del plan de la Sareb es la gestión social de las viviendas habitadas que no ha cedido. La compañía tenía 1.243 viviendas con alquiler social al cierre de junio (familias que ocupan inmuebles de su propiedad provenientes en su mayoría de antiguos promotores, con contratos previos al traspaso de los activos a la Sareb). Además, creó el año pasado una dirección especial que está desplegando un nuevo sistema de acompañamiento social y laboral que prevé extender a cerca de 9.800 familias que ya habitan en viviendas de su propiedad, prácticamente la totalidad de sus inquilinos (a junio, 1.297 ya estaban en proceso). Por una parte, les ofrece una renta asequible ajustada al 30% de sus ingresos. Pero además, ha fichado -durante tres años, renovables por otros dos- a las compañías especializadas Servihabitat, Sogemedi y Gesocin que se encargan de gestionar la habitabilidad de los inmuebles y a ayudar a dichas familias a salir de la situación de vulnerabilidad. Control público Aunque se han acelerado estos días, los trabajos para diseñar este impulso a la vivienda social de la Sareb vienen de lejos. Los Ministerios de Economía (como responsable de la compañía a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) y de Transportes (encargado de la política estatal de vivienda) llevan en torno a un año preparándolo. La raíz de todo está en la decisión de Eurostat de obligar a España en marzo de 2021 a incluir a la empresa dentro del sector público a efectos contables, lo que elevó la deuda en más de 34.000 millones y el déficit en cerca de 10.000 millones. La oficina estadística comunitaria actuó así debido principalmente a que las pérdidas multimillonarias que acumuló la Sareb desde su creación en 2012 hasta el cierre de 2020 (5.075 millones) volatilizaron sus recursos propios (4.800 millones de capital y deuda subordinada que le aportaron el Estado y accionistas privados, principalmente bancos). Ante esta situación, el Gobierno aprobó un cambio legal que le permitió en marzo del año pasado adquirir a un precio simbólico un 4,24% adicional del capital social de la empresa para elevar su participación al 50,14%. Ello le permitió tomar el control de la misma, una vez asumido que el Estado tendrá que pagar la deuda pendiente de la Sareb en caso de que no pueda hacerlo la compañía.

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