Bruselas plantea flexibilizar todavía más las ayudas públicas para combatir los subisidios de EEUU y China

En poco más de una semana, el próximo 9 y 10 de febrero, los 27 jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea se reúnen en una cumbre extraordinaria en Bruselas para decidir cómo hacer frente a los planes de “subsidios verdes” de Estados Unidos y China que amenazan el futuro de la industria europea y su competitividad. Aunque la respuesta todavía divide a los Veintisiete, la Comisión Europea plantea abordar el desafío desde una cuádruple perspectiva con dos grandes focos: flexibilizar todavía más las reglas sobre ayudas públicas y el marco regulatorio europeo y acelerando el despliegue de financiación, incluido un fondo soberano europeo a medio plazo. “El comercio y la competencia en la industria de emisiones cero deben ser justos y algunas de las iniciativas de nuestros socios pueden tener efectos colaterales no deseados”, alerta la Comisión Europea en el borrador de comunicación que adoptará este miércoles el colegio de comisarios y que nutrirá el debate de los Veintisiete. Bruselas se refiere al plan de subsidios de Joe Biden que, a través de la ley de reducción de la inflación (IRA en sus siglas en inglés) movilizará 369.000 millones de dólares para 2032. Pero también a las subvenciones de Pekín, que desde hace tiempo han duplicado en términos de PIB las que concede la UE, han “distorsionado” el mercado y han hecho que la fabricación de una serie de tecnologías limpias esté dominada por el gigante asiático cuyas inversiones superan los 280.000 millones de dólares. La Comisión Europea parte del diagnóstico de que la industria europea de cero emisiones es competitiva pero que los masivos subsidios extranjeros están desequilibrando el terreno de juego. Esto hace necesario “extender y acelerar” el acceso a la financiación, sostiene el borrador titulado ‘un plan industrial para el pacto verde en la era de la neutralidad de carbono’ y anunciado hace dos semanas por la presidenta Ursula von der Leyen. Y esto significa seguir flexibilizando el marco de ayudas de estado, una medida que Bruselas ha utilizado en varias ocasiones desde la irrupción de la pandemia y la guerra de Rusia en Ucrania para simplificar por ejemplo el apoyo a las energías renovables. Ayudas de estado La idea es dar un paso más y permitir a los estados miembros disponer de un mayor margen de maniobra a la hora de conceder ayudas públicas públicas, simplificando y acelerando procedimientos, tal y como avanzó la comisaria de competencia Margrethe Vestager a principios de mes. Por ejemplo, el plan contempla extender las disposiciones a todas las tecnologías de renovables, así como al almacenamiento de hidrógeno renovable y biofuel, eliminar la necesidad de licitaciones públicas para las tecnologías menos maduras y extender los plazos para completar los proyectos. En cuanto a las ayudas públicas destinadas a la descarbonización de los procesos industriales, el plan contempla flexibilizar los límites máximos de ayuda aplicables a cada beneficiario. También permitirán a los Estados miembros crear regímenes de apoyo a la inversión para la producción de tecnologías estratégicas netas, incluida la posibilidad de conceder ayudas más elevadas a los productores para competir con esquemas similares que puedan existir fuera de la UE, así como ventajas fiscales para atraer nuevas inversiones en los "sectores estratégicos de emisión cero". Bruselas se compromete a actuar con celeridad en la aprobación de ayudas, que actualmente ha sido de 19 días, también los proyectos europeos de interés común, y a “aumentar significativamente” los umbrales de notificación de ayudas estatales, para facilitar a los Estados miembros la introducción de nuevas subvenciones. Fondos europeos Además de las reglas de ayudas de estado Bruselas plantea retocar el marco regulatorio europeo a partir de una ley sobre industria de cero emisiones que irá completando en los próximos meses con propuestas sobre materias primas críticas y la reforma del diseño del mercado eléctrico europeo reclamada con insistencia desde España, tal como recoge la contribución al debate remitida por el Gobierno español la semana pasada. El otro gran foco del plan se refiere al despliegue de financiación europea, clave, según la Comisión para evitar la “fragmentación del mercado único” dado el distinto margen fiscal del los 27 (el 77% de las ayudas dadas corresponden a Alemania y Francia). El análisis sugiere que la UE necesitará 477.000 millones de euros en inversiones adicionales anuales en el sistema de energía y transporte para 2030, de ellos 170.000 millones en plantas de producción de energía solar, eólica, baterías, bombas de calor e hidrógeno. Bruselas plantea aprovechar todavía más el plan de recuperación, el programa de inversiones InvestEU, el fondo para la innovación y a medio plazo crear un fondo soberano europeo para financiar las necesidades de inversiones. Según avanza la Comisión, su intención es presentar una propuesta antes de verano de 2023 como parte de la revisión del marco financiero plurianual. El plan también contempla la necesidad de mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro y las capacidades de los trabajadores.

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La Comisión Europea presenta este miércoles el plan industrial con el que impulsar la competitividad europea y financiar la transición verde

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