Pensiones y salario mínimo, las claves del choque entre el PSOE y Unidas Podemos

La reforma de las pensiones y la subida del salario mínimo se erigen ahora mismo como el principal foco de disensión en materia laboral dentro del Gobierno de coalición. Dos carpetas pendientes del año pasado y que fruto de las diferencias -algunas de peso- entre el PSOE y Unidas Podemos no pudieron cerrarse en el tiempo y forma que inicialmente los ministros responsables de cada una de estas dos materias pretendían. La reforma del sistema público de pensiones es donde actualmente hay más diferencias, tanto en las medidas para ingresar más, como, especialmente, en otras para gastar menos o diferente. Y si bien en materia de salario mínimo las dos partes se manifiestan más optimistas de cara a fraguar un pronto acuerdo, la demora en las conversaciones ha provocado que las nóminas de enero ya no recojan el incremento y este quede pospuesto hasta febrero. ¿Cuántos años cotizados contarán para calcular la pensión? El foco más fuerte de disensión actualmente en el seno de la coalición -laboralmente hablando- se encuentra en la reforma del periodo de cómputo para calcular futuras prestaciones. Actualmente la Seguridad Social tiene en cuenta los últimos 25 años cotizados por una persona para, a partir de la media, estipular el importe de la prestación. Y la intención del ministro José Luis Escrivá es elevar esa cifra a 30 años, aunque con la posibilidad de descartar los 24 meses peores. Históricamente la bibliografía especializada ha determinado que ampliar el periodo de cómputo se traduce en pensiones más bajas, ya que históricamente los mejores años de cotización eran los últimos, donde el empleado acumula más antigüedad y mejores nóminas que cuando es joven. El Banco de España, por ejemplo, cuantificó que ampliar de 25 a 35 años supondría un recorte del 8,2%. Aunque también apuntó que si se introducían elementos correctores, como la posibilidad de descartar un número de años, ese recorte se neutralizaba. Escrivá defiende que actualmente y cada vez más las carreras laborales son más discontinuas y menos lineales y hay cada vez más gente para la que los últimos años de su carrera profesional no son los mejores. Pensando en ellos justifica esa ampliación de cálculo, de la que dice que cerca del 30% de los futuros pensionistas se verán beneficiados. Una proporción, según sus números, mucho mayor que el volumen de perjudicados. El problema es que desde Unidas Podemos desconfían de esos cálculos y alegan que ese punto no está explícitamente recogido en los consensos del Pacto de Toledo. En privado, fuentes del diálogo social sostienen que los damnificados de esa reforma se verían damnificados de manera inmediata y los beneficiados de manera más progresiva y menos concreta en el tiempo. ¿Destope de bases máximas total o parcial? La otra pata de la actual fase de la reforma de las pensiones se encuentra en las bases máximas de cotización. Actualmente los salario más altos no tributan por todo su salario en términos de Seguridad Social y a partir de una cifra dejan de pagar cotizaciones. La idea de Escrivá es aumentarlas progresivamente, para ingresar más y amortiguar parte del incremento de gasto que supondrá la jubilación de la generación del 'baby boom'. La oferta que recoge el último borrador presentado por Escrivá a los agentes sociales planteaba un incremento de las bases máximas cada año igual que el IPC -como el importe de las pensiones-, más un recargo adicional que llevaría a una subida total del 30% a lo largo de los próximos 30 años. Aquí el ministro trata de armar una propuesta que contente a patronal y sindicatos, vendiendo predictibilidad a la primera y más ingresos a los segundos. Las diferencias en esta materia con Unidas Podemos no son de calado, si bien los morados, al igual que los sindicatos, reivindican el destope de las bases máximas. Es decir, que los salarios más altos coticen por todo su salario, si bien los morados están en contra de ofrecer una pensión máxima equivalente, en aras de recaudar más y redistribuirlo luego. Escrivá se ha mostrado en contra del destope y deberá hallar un punto intermedio con sus socios entre ese 30% y el destope total. Más complicado será luego fraguar un acuerdo con la patronal, dado que esa parte de la reforma implica un incremento de costes, especialmente entre las grandes corporaciones. ¿A cuánto subirá el salario mínimo? El salario mínimo subirá en 2023, según coincide todo el Gobierno. La incógnita ahora es cuánto. El presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se encuentra negociando esa materia, para tratar de pactar una cifra compartida dentro de esa horquilla de entre 1.046 y 1.082 euros brutos (en 14 pagas) que trazaron sus expertos. Desde el PSOE trasladan que buscarán una postura equilibrada dentro de esa franja, si bien la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, abogó públicamente por un incremento menor, del 3%. Por su parte, los morados dicen buscar un incremento "notable" -sin concretar públicamente cifras-, teniendo en cuenta los altos niveles de inflación y la comparativa con el resto de Europa. Los SMI en la UE se ha movido entre el 5,4% de Malta y el 24% de Letonia. Francia (6,6%) y Portugal (7,8%) han optado por el equivalente a la franja media-alta de las recomendaciones para España. Casi tres millones de trabajadores están a expensas de la decisión final del Gobierno. ¿Habrá revisión a mitad de año? A expensas de cuánto subirá finalmente el salario mínimo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha manifestado a favor de dejar una puerta abierta a un incremento posterior a mitad de año si la inflación volvía a repuntar. La fórmula concreta sobre bajo qué criterios se aplicaría esa revisión y si esta sería automática o estaría sometida a un consenso unánime con patronal y sindicatos no la aclararon desde Trabajo. Otros países tienen incorporados ya por defecto fórmulas para revisar al alza a lo largo del ejercicio sus salario mínimos, si bien en España esta sería una decisión sin precedentes. Desde el PSOE no se han pronunciado públicamente sobre esta posibilidad y la prioridad ahora mismo entre los socios de Gobierno es consensuar el importe del SMI para 2023.

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