Las autonomías apuran hasta el último minuto para evitar perder cientos de proyectos renovables

Este mismo martes, solo un día antes de la fecha tope, la Generalitat de Catalunya anunció la aprobación con condiciones del parque eólico proyectado por Endesa en el Alt Empordá. De haber dejado pasar este plazo, otorgado por el Gobierno para aprobar el informe de impacto ambiental, la Generalitat habría hecho abortar el proyecto con un grave perjuicio económico para Endesa, que habría perdido la cantidad depositada en aval y tendría que litigar para recuperarla. Eso es lo que ha pasado con otras 17 licencias que la Generalitat no ha logrado aprobar a tiempo. La mayoría de las comunidades autónomas han apretado el acelerador en los últimos días para intentar desatascar cientos de proyectos de renovables pendientes de una declaración ambiental que debía llegar antes del 25 de enero. Galicia tenía este lunes en sus cajones 34 proyectos por examinar y, a pesar de apretar el acelerador, habrá 20 que se quedarán en el camino, según ha confirmado la administración gallega. La Comunidad de Murcia ha ido agotando cada minuto para resolver al máximo proyectos que tenía pendientes, pero este martes por la noche le quedaban 11. Y Baleares ha dejado 2 en el tintero, mientras que fuentes del sector suman otras dos regiones que tampoco han llegado a tiempo: Castilla y León y Aragón. Consultadas por este medio, ninguna ha querido dar información. La Rioja, Extremadura, Castilla La Mancha, Navarra, Comunitat Valenciana, País Vasco o Asturias sí han llegado a tiempo y ningún proyecto se quedará sin resolver, según confirman todas ellas a EL PERIÓDICO. Por otra parte, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Cantabria, Canarias, ni Madrid han querido facilitar información sobre el resultado a las consultas de este medio. Mientras que desde el Ministerio para la Transición Ecológica, encargado de evaluar los grandes proyectos (más de 50 MW), confirman que todos han sido tramitados (201 proyectos evaluados, de los que 170 han obtenido un informe favorable y 22 desfavorable, 8 han sido archivados y 1 cerrado por desistimiento). El Gobierno fijó en junio de 2020 una serie de plazos temporales para cumplir cada uno de los trámites necesarios para poner en marcha un parque renovable (solicitud de autorización administrativa, impacto ambiental, autorización previa, construcción y explotación definitiva) que dura cinco años. Si no se cumplen, la licencia caduca de forma automática (lo que implica volver a empezar de cero los trámites y dejar el punto de conexión libre para otro proyecto) y los avales depositados por los propietarios de los parques se ejecutan. El objetivo de este mecanismo es evitar la especulación al arrinconar a aquellos promotores sin un proyecto firme. Este miércoles 25 de enero caducaba el plazo de obtención de la declaración de impacto ambiental (DIA) de cientos de proyectos –60 gigavatios solares y 19 eólicos, según las cifras de la patronal eólica AEE y fotovoltaica UNEF-- después de que el Gobierno diera una moratoria de nueve meses el año pasado. Hace unos meses, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba que no habría una nueva prórroga. Litigios Todo el sector coincide en el impulso dado por las regiones en los últimos meses, que ha cuadriplicado el ritmo en el último trimestre. Desde la patronal eólica (AEE) cifran el total de expedientes pendientes en 158, que suman un total de 9,6 gigavatios (9.600 MW). Mientras desde la fotovoltaica (UNEF) prefieren no anticipar cifras. “Están saliendo nuevas resoluciones cada día. Las dudas que tenemos es en Catalunya, Valencia y Canarias. Pero hasta dentro de un mes no podremos saberlo con claridad”, explica el director general de UNEF, José Donoso. Ese es el plazo que tiene Red Eléctrica para retirar los puntos de conexión tras evaluar las resoluciones. Y a eso se quieren agarrar algunas comunidades autónomas para ganar algo de tiempo, mientras que desde el sector renovable apuntan a un papel de la CNMC que podría abrir la puerta a una forma distinta de contar el plazo, lo que les daría más tiempo. Ahora se abre un proceso en el que los promotores podrían acudir a los tribunales ante la ejecución de sus avales por los retrasos de la administración, aunque Galicia, por ejemplo, ha anunciado que en su caso no ejecutarán estas garantías económicas por considerar la "existencia de causas no imputables al promotor". “Sería difícil de encajar si se pierde el acceso porque la administración pública no ha contestado y se abriría un proceso de judicialización, tanto en el caso de por qué no han sido resueltos los expedientes, como si la DIA es negativa y no están de acuerdo. Si un proyecto pierde su acceso, pero con cuatro meses más el órgano responsable podría haberlo salvado esa potencia pasaría de poder desarrollarse en dos años a hacerlo en siete porque debería iniciar de nuevo el proceso. Cambiamos instalar potencia renovable en 2024 por hacerlo en 2028 o 2029 con la que está cayendo”, advierte el director general de AEE, Juan Virgilio Márquez, ante la negativa del Gobierno a darles un poco más de tiempo. Sin embargo, algunas comunidades, como Catalunya y Baleares advierten que algunos de los proyectos sin resolver son por falta de "diligencia" del promotor. "Es difícil de establecer una respuesta generalizada de qué pasará ahora. Habrá que ver el caso de cada proyecto", añaden fuentes catalanas. Evaluación larga El principal problema de conseguir la declaración ambiental es que requiere un examen arduo que agrupa a varias direcciones dentro de una misma autonomía al tener evaluar distintos efectos de las renovables como el que puedan producir en la salud de la personas, en la biodiversidad, en el urbanismo o en las carreteras, entre otros, según explica el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica de La Rioja, Alejandro Dorado Nájera, que presume de ser la primera región en cumplir este hito, aunque reconocen que para ello han tenido que “reforzar el equipo con un par de personas más y también desplazando las vacaciones para que repartieran sus de forma diferente sus periodos de descanso”. Algunos de estos proyectos son rechazados –no pierden los avales, pero sí se quedan sin el punto de conexión--, mientras que la mayoría se aprueban, aunque incluyen condiciones de muy diverso tipo que obliga a los promotores a cumplirlas. “En la fotovoltaica hemos pedido en algún caso pantallas vegetales para que tengan un impacto paisajístico menor, productos que no sean lesivos para el suelo o que permitan hoteles de insectos. En los eólicos hemos sido más severos al pedir un desplazamiento del propio aerogenerador o guardarnos la prerrogativa de paralizar el parque entero si hay muertes de aves o evitando que de marzo a septiembre, que es época de cría, no se pueda construir”, explica Dorado. Otros hitos Este miércoles se cumple uno de los principales plazos, pero desde el sector advierten que quedan los dos siguientes que se tienen que cumplir antes del 25 de abril y del 25 de julio, respectivamente. “Hay muy poco plazo para obtener la autorización administrativa previa y de construcción”, lamentan promotores eólicos y fotovoltaicos de Aragón, informa Jorge Heras. En la misma línea se pronuncian fuentes del sector en Catalunya, al advertir que, a diferencia del resto del Estado, en esta comunidad estas dos autorizaciones se resuelven en un único acto. “Veremos qué ocurre”, añaden.

Las autonomías apuran hasta el último minuto para evitar perder cientos de proyectos renovables

El Ministerio ha cumplido el plazo para el informe ambiental que acaba este miércoles, mientras que Galicia, Murcia o Catalunya han dejado expedientes sin evaluar

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