España defiende ante Bruselas que intervenir el precio de nucleares e hidráulicas podría abaratar “inmediatamente” la luz

España defiende ante la Comisión Europea que intervenir el precio de la energía nuclear e hidráulica podría reducir “inmediatamente los precios (de la electricidad) para los consumidores” en una situación de precios altos como la actual, según se desprende de la propuesta de reforma del mercado eléctrico, remitida este martes por el Gobierno español a Bruselas, a la que ha tenido acceso El Periódico. En un documento de trabajo no oficial de siete hojas, el Ejecutivo argumenta que el mercado actual impide que el precio mayorista refleje el coste medio de todas las tecnologías (el precio es el que marca la tecnología más cara) y, al mismo tiempo, provoca “rentas excesivas” a los productores cuando las tecnologías más caras tienen costes altos (como ocurre ahora con el gas disparado). Estos "fallos" en el funcionamiento del mercado actual explican, según el Gobierno, que “la crisis de precios no será de corta duración”. “Los futuros indican que los precios de la electricidad seguirán estando por encima de los costes promedio (de todas las tecnologías) para los próximos años”, se advierte en el texto. Para mantener esta afirmación se pone el ejemplo de Alemania, con una cotización “de 364 euros por megavatio-hora (MWh) en 2023, 256 euros por MWh en 2024 y 177 euros por MWh en 2025”. “Estos niveles de precios seguirán exacerbando las presiones inflacionarias, socavando la competitividad de nuestra industria, empobreciendo a los consumidores e impidiendo la electrificación”, advierte. “¿Quién está dispuesto a invertir en un coche eléctrico o en una bomba de calor si los precios de la electricidad pueden aumentar a 400 euros por MWh en un año determinado?”, añade. En este contexto, España plantea limitar el mercado eléctrico actual (que se rige por un sistema marginalista) al gas e impulsar contratos regulados a precio fijo para renovables, nucleares e hidráulicas, en estos dos últimos casos de forma obligatoria. “El marco legal europeo debería permitir que el Estado firme contratos con esos generadores (nucleares e hidráulicas) con un precio regulado. En el contexto de los altos precios de la electricidad, estos contratos podrían reducir inmediatamente los precios de los consumidores, y dar seguridad regulatoria a los productores”, añade. El planteamiento español ha despertado “un gran interés” entre el resto de socios europeos, según ha declarado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, antes de su intervención en el foro ‘Spain Inverstors Day’ el miércoles, donde ha asegurado que el proceso de cambio de mercado será “largo”. "No es una reforma temporal sino que aspira a ser una modificación estructural y eso pasa por los plazos y todo el procedimiento con un punto de partida que es que la realidad nacional de los Veintisiete es distinta. Creo que llevará tiempo, aunque podemos tener una sorpresa y que esto se resuelva bajo la presidencia española (del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre de 2023), pero no es lo más probable", ha advertido la vicepresidenta en una intervención este jueves en el Club Diálogos para la Democracia. Una vez alcanzado un acuerdo, el papel enviado a la Comisión afirma que el planteamiento de España, al no ‘tocar’ el funcionamiento del mercado diario, permite “simplificar y acortar” la implantación de esta reforma. Menos euforia ha suscitado el plan de Ribera entre el sector eléctrico español, representado a través de la patronal Aelec, que reprochan al Gobierno que no hayan contado con su participación en el diseño de un nuevo mercado eléctrico --“hay países donde se han convocado grupos de expertos y consultas públicas”, explican— y advierten que su aplicación “podría poner en peligro el libre mercado del sector eléctrico”. “Esta propuesta puede incrementar la incertidumbre regulatoria y afectar a las inversiones que el sector tiene que llevar a cabo para ejecutar la urgente transición energética”, explican fuentes de la asociación formada por tres de las cuatro grandes eléctricas españolas (Iberdrola, Endesa y EDP). Estás compañías defienden que tienen “más del 70% de la energía ya vendida, por lo que no cobra los precios del mercado mayorista" y piden realizar "un análisis coste beneficio de las implicaciones que la reforma del mercado eléctrico propuesta tiene para los operadores del sector en aras de no perjudicar las inversiones y planes de expansión que se tienen ya comprometidos". Además, defienden que "el sector eléctrico español viene firmando los PPAs -acuerdos de compraventa de energía- más baratos de Europa". El Gobierno, sin embargo, asegura que “los mercados de futuros para la cobertura de precios a largo plazo no se han desarrollado sustancialmente en los últimos 20 años, y es ilusorio pretender que lo harán en los próximos 20”.

España defiende ante Bruselas que intervenir el precio de nucleares e hidráulicas podría abaratar “inmediatamente” la luz

El documento remitido por Teresa Ribera a la Comisión Europea afirma que “la crisis de precios no será de corta duración”

Las eléctricas rechazan esta mano pública porque “podría poner en peligro el libre mercado del sector”

Lo más visto