El Gobierno está negociando con los sindicatos más representativos entre los funcionarios un nuevo anteproyecto de ley de función pública. Dicha norma pretende actualizar la existente, que regula las condiciones organizativas y laborales de los empleados públicos de la Administración General del Estado y los ayuntamientos y que rige desde 1984. El nuevo texto, que ya ha pasado por Consejo de Ministros y que estará sujeto a modificaciones -puede que algunas de calado- una vez supere las negociación con las centrales y luego salte al Congreso, donde el Ejecutivo deberá recabar el apoyo de una mayoría de partidos. Algunas de estas novedades son la posibilidad de suspender a los empleados que no pasen un examen sobre cómo han desempeñado sus funciones. Estas son las claves del nuevo anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. 1 Premio o castigo según el desempeño En la actual legislación ya existe un régimen disciplinario conforme los empleados públicos pueden llegar a perder su puesto. Por ejemplo, el abandono del servicio, la "notoria" falta de rendimiento o la publicación o utilización indebida de secretos oficiales constituyen actualmente faltas muy graves que pueden acarrear la "remoción" -el término técnico utilizado para la privación del cargo-. Y el anteproyecto que ha empezado a tramitar el Gobierno desarrolla y explicita el régimen disciplinario, así como incorpora la obligación de examinar regularmente el desempeño de todos los empleados públicos. "La evaluación del desempeño ha sido definida por la OCDE como uno de los instrumentos principales para la mejora continua de los servicios públicos, de gran utilidad a efectos de adecuar la evolución de la carrera profesional a la aplicación y compromiso del personal empleado público en el cumplimiento de sus funciones", justifica el Gobierno en su anteproyecto. Para ello, cada unidad deberá tener definidos unos objetivos estratégicos, el cumplimiento de los mismos sumará puntos en caso de promoción y el incumplimiento restará. Si la obtención de resultados negativos es "continuada [...] dará lugar a la remoción del puesto", según especifica el texto. El anteproyecto no especifica cómo se llevará a cabo la fijación de los objetivos ni los criterios de evaluación sobre el cumplimiento de los mismos. "Reglamentariamente se determinará", apunta el texto. Aquí CCOO y UGT ya han avanzado que esperan intervenir activamente en el redactado final. 2 Nuevos complementos salariales En la función pública existe la figura del 'trienio', es decir, un plus salarial que acumula un trabajador cada tres años de desempeño profesional. Ahora el Gobierno pretende premiar las carreras dilatadas en la administración con la introducción de lo que ha bautizado como "promoción horizontal". Es decir, el trabajador ganará más sueldo no por ascender en el organigrama, sino por ir acumulando experiencia en el mismo puesto o en equivalentes en rango. En el anteproyecto de ley no establece la relación de tramos ni cuánto más ganarán los empleados públicos con la ascensión. Sí especifica que se mantienen trienios, que se cobrarán además de este complemento, y que un empleado puede retroceder tramos si incurre en faltas disciplinarias. 3 Teletrabajo El Ministerio de Hacienda y Función Pública aprovecha el anteproyecto de ley de función pública para regular el trabajo a distancia. No toda la plantilla podrá teletrabajar y quedan excluidos aquellos empleados públicos que, por su función, requieran presencia física. Esto quedará determinado por cada jefe de área o departamento. La Administración deberá proveer de los medios necesarios para el ejercicio a distancia, como portátiles, teclados y otros productos que cada unidad precise para su labor, así como los medios de seguridad para que la información pública que maneje cada empleado no se vea comprometida. Los días de teletrabajo no están estipulados y, tal como quedó acordado anteriormente con los sindicatos, cada departamento pactará sus propias condiciones. 4 Planificar las ofertas de empleo El Ministerio de Hacienda y Función Pública pretende mejorar sus mecanismos de planificación a la hora de convocar sus ofertas de empleo público. Una parte importante de la actual plantilla de la AGE se jubilará en la próxima década y el Gobierno quiere programar con más detalle como los reemplaza. Para ello el anteproyecto contempla que el Ministerio realice de manera periódica análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o cualificación de los mismos. Y, para evitar perder efectivos en departamentos faltos de personal, el anteproyecto contempla vetar temporalmente la movilidad de funcionarios o "la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de los ámbitos que se determinen". En el otro lado de la balanza, reforzar la promoción interna hacia determinados departamentos que requieran gente o incentivar la permanencia en el servicio activo tras el cumplimiento de la edad de jubilación, aunque nunca por encima de los 70 años. 5 Directivos públicos El nuevo anteproyecto de ley de función pública pretende impregnar esa filosofía de trabajo por objetivos a todo el organigrama, incluidos los directivos públicos. Los sindicatos le critican que mantiene la discrecionalidad en el nombramiento y no incide en la profesionalización de los altos cargos. Si bien el documento aprobado en Consejo de Ministros y que estará sujeto a cambios distingue claramente entre directivos de confianza y profesionales. Estos últimos se irán renovando de cinco años en cinco años y podrán ser apartados si tienen una "evaluación negativa de su gestión" o "por pérdida de confianza". El texto hace un reconocimiento explícito en materia de igualdad en las altas esferas. "La Administración del Estado velará por la representación equilibrada entre mujeres y hombres en los puestos de personal directivo público profesional", recoge el anteproyecto.