Las empresas industriales que atraviesen dificultades económicas estarán obligadas a comunicar al Ministerio de Industria y a los sindicatos su cierre o "la disminución de actividad que suponga una importante pérdida de puestos de trabajo", anunció ayer la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras el Consejo de Ministros que aprobó el anteproyecto de la nueva ley del sector. El texto incluye un compromiso de protección "especial" a la industria electrointensiva, clave en Asturias, si bien no se precisa cómo se concretará tal apoyo. Asimismo, se intentan frenar casos de deslocalizaciones y cierres como los de Alcoa obligando a las grandes compañías que reciben ayudas públicas a mantener su actividad durante al menos cinco años.