¿Por qué la negociación salarial de los funcionarios puede afectar a las subidas en el sector privado?

El Ministerio de Hacienda y Función Pública inicia este miércoles la negociación con los sindicatos sobre cómo deben subir los salarios entre los empleados públicos. A diferencia de otros años, las conversaciones entre el equipo de María Jesús Montero y las centrales prometen tener trascendencia más allá de los 3,4 millones de trabajadores de las distintas administraciones y empresas públicas, según datos del INE. Y es que desde el sector privado, tanto patronal como sindicatos aguardan a la referencia que les planteen desde el sector público, dentro del perímetro de ese difuso pacto de rentas que, de momento, no ha conseguido armar el Gobierno. Los empresarios esperan contención desde el Ejecutivo para evitar un precedente incómodo de cara a los miles de convenios colectivos pendientes de renovar. Y las centrales, en un difícil equilibrio entre una cifra que no provoque una honda pérdida de poder adquisitivo entre los empleados públicos, pero conscientes de que cuántos más recursos aboque el Estado a ese incremento, menos le quedarán para otro tipo de políticas de cara a los más vulnerables. La partida del tan repetido como poco concretado pacto de rentas comienza su primer asalto este miércoles. Patronal y sindicatos no han conseguido ponerse de acuerdo sobre cómo repartirse en el sector privado los costes de la inflación, mientras ambos agentes sociales –desde sus respectivas perspectivas- critican que el Gobierno no ha puesto suficiente de su parte para facilitar dicho consenso. Ahora, a las puertas de la confección del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo deberá mostrar una de sus cartas de cara a ese pacto de rentas y pronunciarse sobre, con un IPC a doble dígito, cuánto cree que deben (y está dispuesto) subir los salarios en la función pública. Este año el sueldo de los empleados públicos subió el 2%, después de que Hacienda no logrará un acuerdo con ninguna de las tres centrales con la que debe negociar (CCOO, UGT y Csif). Las tres rechazaron aceptar una cifra por debajo del IPC medio del 2021, que cerró en el 3,2%, pues no querían avalar una pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios. Si bien entonces la escalada inflacionaria se percibía mayoritariamente como algo transitorio, actualmente la duración de la misma es incierta y la idea de que el Gobierno no negociará cifras al nivel de la actual inflación está asumida por todas las partes. Para diluir la presumible pérdida de poder de compra de este año, las centrales aspiran a cerrar un acuerdo plurianual que permita compensar en los años venideros parte del déficit de este año. Fuentes conocedoras de las conversaciones preliminares que ha habido entre Hacienda y las centrales apuntan a que el incremento que Montero puede poner encima de la mesa rondará el 10% a tres años. Una cifra negativa de cara a este ejercicio, pero que aseguraría incrementos superiores a los habitualmente pactados para los próximos dos. A la espera de "referencias" "Sería una referencia", fue la respuesta que dio el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, este verano en relación al salario de los funcionarios y su encaje en el pacto de rentas. De hecho, ese 10% que podría barajar Montero para los empleados públicos no dista mucho de las cifras que se están barajando en la negociación de algunos convenios colectivos actualmente en liza. Si bien la negociación colectiva está eminentemente bloqueada. El último gran pliego que se ha cerrado en las últimas semanas es el de la hostelería de Catalunya, que cubre a unos 300.000 trabajadores y se ha renovado con un incremento del 9% hasta 2024 (4%+3%+2%). Aquí no hubo unidad sindical y UGT firmó, mientras CCOO acabó desmarcándose. Los primeros pusieron por delante el poder adquisitivo perdido en los últimos años y la premisa de “es mejor esto que seguir con el convenio bloqueado”, en un sector especialmente castigado por los ertes y la parada pandémica. Y los segundos consideraron los avances insuficientes, en un contexto de competencia sindical. La ausencia de una cláusula de revisión salarial, que compense la diferencia entre el aumento pactado para este año y la cifra final del IPC, ha sido un ‘sapo’ que las centrales han tenido que manejar, en contra de los criterios que han recibido desde sus máximos órganos de dirección. Y es que este es el principal escollo en el sector privado. CCOO y UGT llaman a los suyos a no firmar ningún convenio sin cláusula de revisión salarial, independientemente de los incrementos que plantee la patronal. Y desde CEOE rechazan asumir dichas cláusulas, en aras de que las empresas tengan que reabrir cuentas a final de año para subir sustancialmente sueldos. La ausencia de dicha cláusula es el escollo principal, por ejemplo, en la negociación del convenio de oficinas y despachos. Otro de los que afectan a más trabajadores en Catalunya, unas 120.000 personas. Ahí la patronal ofrece una subida a tres años del 8,75% (3,75%+2,5%+2,5%) y los sindicatos reclaman un 11,5% (5,5%+3%+3%), aunque estos últimos con cláusula salarial. "No está ni cerca el acuerdo", afirman fuentes sindicales consultadas. Una línea roja que en este y muchos otros convenios está bloqueando las conversaciones. Por ejemplo, el del metal de Barcelona, que cubre a 170.000 personas y es de referencia para casi toda España, tenía cláusula y ahora la patronal no quiere renovarlo si esta se mantiene. Son excepciones contadas aquellos pliegos que se renuevan con este concepto, como es el caso de Seat, donde las centrales sí han logrado renovarla por tres años más.

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Hacienda inicia este miércoles las conversaciones con los sindicatos, que aspiran a cerrar un incremento a tres años

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