Si hoy un trabajador es despedido y decide impugnar ante los tribunales catalanes la decisión de la empresa deberá esperar más de un año y medio para ir a juicio. Unos 19 meses de media hasta que un magistrado decida si decreta su readmisión, una mayor indemnización o considera que todo lo sucedido está acorde al derecho. Así lo cuantifica un informe de UGT, que recopila los tiempos de espera en los juzgados de toda España y constata el colapso generalizado de la justicia de lo social, que afecta especialmente a las plazas catalanas.