La banca afronta una batalla judicial de hasta ocho años por el nuevo impuesto

Al contrario que otras compañías como las energéticas, los bancos no han sido tradicionalmente muy activos en impugnar ante la justicia leyes que les perjudican. Pero todo apunta a que ello va a cambiar con el nuevo 'impuesto' a las entidades grandes y medianas anunciado por sorpresa por Pedro Sánchez el pasado julio. El sector lo considera inconstitucional en su diseño actual. Y a la espera de los cambios que pueda experimentar la proposición de ley durante el trámite parlamentario, la idea más extendida hoy por hoy en la banca es recurrirlo en los tribunales. Podría ser, eso sí, una batalla judicial muy larga, de hasta ocho años, según apuntan fuentes financieras. Al tratarse de una proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos, los únicos que podrían llevar la norma al Tribunal Constitucional, una vez aprobada, serían los grupos parlamentarios o un colectivo de al menos 50 diputados o 50 senadores. Los bancos albergaban alguna mínima esperanza de que el PP o Vox pudieran hacerlo, pero lo ven muy poco probable por el coste político de tomar una iniciativa que podría resultar impopular en un año preelectoral y con la espiral inflacionista comiéndose el poder adquisitivo de los hogares. Fuentes de la dirección del PP no aclaran si presentarán recurso ante el Constitucional o no, informa Pilar Santos. Aseguran no saber las "particularidades del impuesto" y piden tiempo para conocer los detalles y tomar la decisión. En todo caso, dan por hecho que su grupo presentará enmiendas "para mejorar todo lo que sea posible" el nuevo gravamen. Vox, por su parte, no ha contestado a las preguntas de este diario sobre su posición. Influir en las enmiendas Los bancos, precisamente, están trabajando para intentar que algunos grupos parlamentarios presenten enmiendas que beneficien al sector, como rebajar el nivel de ingresos mínimo que obliga a pagar el gravamen (800 millones de euros en 2019). De conseguirlo, un número mayor de entidades se verían afectadas, algo que tratan de lograr las más grandes para no verse perjudicadas competitivamente y que permitiría al Gobierno obtener la recaudación estimada (1.500 millones al año) con un tipo menor al previsto (y por tanto, con una contribución menor de cada entidad). En cualquier caso, lo que parece más probable es que los bancos tengan que esperar a que Hacienda les pase la primera liquidación adelantada del 'impuesto' en febrero del año que viene para llevar el asunto a los tribunales. Entonces las entidades podrán recurrirlo, alegar que va en contra de la carta magna y pedir a los jueces que lo eleven al Tribunal Constitucional. De aceptarlo el juez y admitirlo a trámite el Constitucional, dicho tribunal "tardaría entre seis y ocho años en resolver", apuntan fuentes financieras. Doble imposición Los servicios jurídicos del sector ven argumentos legales para tumbar el gravamen. Una cuestión clave es si se está produciendo o no una doble imposición, es decir, si se está obligando a la banca a tributar dos veces por la "misma manifestación de riqueza", algo que las leyes prohíben en ciertos casos. El 'impuesto' se va a imponer sobre el margen de intereses (ingresos por la diferencia entre lo que las entidades cobran por los créditos y pagan por los depósitos) más las comisiones. Estas son las dos primeras partidas de las cuentas de resultados de los bancos que, tras otros muchos elementos (como los gastos o las provisiones para afrontar pérdidas), dan lugar al beneficio, que está gravado por el impuesto de sociedades. Para dificultar que se considere doble imposición, el Gobierno ha diseñado el gravamen como una "prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria", en lugar de como un impuesto. La proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos da muestras de que el Ejecutivo es consciente de que la banca utilizará este hecho ante los tribunales. Así, cita siete artículos de la Constitución y cuatro sentencias del Tribunal Constitucional para justificar el uso de esa figura. "La exigencia de la prestación a los obligados al pago no se incardina en el ámbito de una relación jurídico-tributaria, sino en el contexto de la intervención del Estado en la economía a fin del cumplimiento de los principios y valores constitucionales que rigen nuestro contrato social", justifica el texto. Los bancos, sin embargo, consideran que es un tributo enmascarado, una suerte de "impuesto de sociedades bis", y que por tanto se produce una doble imposición inconstitucional. "Es como poner una prestación patrimonial a los salarios de ciertas personas; sería un impuesto y habría doble imposición, porque los sueldos ya están gravados por el IRPF", argumentan. Confiscatorio o no Con todo, diversas sentencias y autos del Constitucional (como el relativo al impuesto de la generación eléctrica de 2018) han destacado que la única doble imposición que está prohibida en cualquier caso es la que se produce por tributos autonómicos en relación con los locales o estatales. En el resto de casos, ha expuesto el tribunal, dependerá de si el nuevo gravamen se adecua a la "capacidad económica" de quien debe pagarlo y no tiene "alcance confiscatorio" (principios que aparecen en el artículo 31.1 de la Constitución, que según ha afirmado Pedro Sánchez avala su iniciativa). Los bancos alegan que no se cumplen estos principios porque el pago del nuevo impuesto más el de sociedades supondrá una cuantía "muy elevada" sobre sus beneficios. El texto de la proposición de ley anticipa también este argumento: la expectativa de recaudar 1.500 millones de euros al año "no parece que suponga un importe desproporcionado si se consideran los beneficios pasados o estimados para los próximos años y dividendos distribuidos a los accionistas". Las entidades también alegan que no se cumple el principio constitucional de igualdad, porque las más pequeñas han sido excluidas del pago del gravamen. Malversación Otro argumento legal que manejan radica el hecho de que el Ministerio de Hacienda haya estudiado cómo articular el 'impuesto' para que luego lo presenten PSOE y Unidas Podemos. En ello ven un mal uso de la administración o incluso una malversación de fondos públicos, porque los grupos parlamentarios no forman parte del Gobierno. También critican que se haya encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) velar porque no repercutan el gravamen a los clientes, cuando debería estar más preocupada por el efecto en la competencia de que algunas entidades tengan que pagarlo y otras no. Aunque hay dudas sobre cómo interpretar el proyecto, en principio parece que el gravamen afectará a Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Cajamar, Kutxabank, Abanca y BNP Paribas. Solo CaixaBank y el BBVA han desvelado su estimación de cuánto les costará el gravamen: 400-450 millones y 250 millones al año, respectivamente. Extrapolando los resultados hasta junio al total del año, al Santander le corresponderían más de 335 millones y al Sabadell, más de 170 millones (la cifra final será mayor, porque la subida de tipos se ha acelerado en el segundo semestre). Los cuatro grandes bancos, así, tendrían que aportar más del 75% de los 1.500 millones previstos por el Ejecutivo.

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