El coste en pensiones crece 5 veces más que el de cotizaciones pese al avance del empleo

El comportamiento del mercado laboral en España no cumplió los malos pronósticos que anticipaban economistas u organizaciones empresariales respecto al impacto de la nueva legislación, primero, y de la invasión de Ucrania, después. En espera de lo que depare la cuesta de la vuelta al cole, el incremento de las afiliaciones ha redundado en un notable incremento de los ingresos de la Seguridad Social en concepto de cotizaciones sociales. Sin tener en cuenta la aportación de las mutuas colaboradoras –con casi 160 millones de euros hasta mayo, último dato disponible–, la caja común recaudó más de 2.015 millones de euros en la primera mitad del año. No solo es una mejora respecto al mismo periodo del año pasado (+5%), sino que deja muy atrás los registros previos al covid. Eso sí, claramente insuficiente para compensar el incremento del gasto en pensiones. Si a la recaudación por cotizaciones sociales de la Seguridad Social se le suma esa contribución de las mutuas hasta mayo, los ingresos completarían algo menos de 2.173 millones. Es una cantidad históricamente alta, aunque, por otra parte, y como constatan las cifras oficiales de la cartera que preside José Luis Escrivá, las prestaciones (de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad y favor familiar) se elevaron sustancialmente más. Cinco veces por encima de lo que lo hicieron los ingresos, concretamente. Entre enero y mayo, la nómina completa de estas prestaciones acarició los 5.000 millones de euros, veinte puntos por encima del gasto computado en el mismo periodo del pasado ejercicio. Teniendo en cuenta el desembolso de las pagas extra y de la propia evolución de las jubilaciones, la Seguridad Social habrá abonado a cierre de 2022 más de 10.000 millones de euros en este colectivo. Una cantidad –otra más– desconocida hasta la fecha, en un capítulo de gasto que no para de incrementarse año tras año. Hay factores ya estructurales que explican estas cifras, tanto en lo concerniente a la mejora de la recaudación por cotizaciones –solo se habían reducido en el ejercicio covid– como en la progresión constante de la nómina de pensiones. A saber: mejora en la calidad del empleo, creación neta de puestos de trabajo y alargamiento de la esperanza de vida. Pero hay otro aspecto, de momento coyuntural, de especial relevancia: la inflación. Con la reforma del sistema de pensiones impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en plena crisis de deuda, se adoptaron dos medidas para contener el coste del sistema de prestaciones: el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad. El primero establecía que, mientras la Seguridad Social estuviese en situación de déficit, que no ha abandonado desde 2011, las pagas aumentarían un tope del 0,25%. El segundo copaba el importe de las mismas: se cobraría menos –no llegó a entrar en vigor de forma efectiva– pero durante más tiempo, por la mayor esperanza de vida. A comienzos de año, el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba un alza del 2,5% en las prestaciones contributivas, y de otros tres puntos en las no contributivas. Este hecho es lo que explica en buena medida que, en solo un año, el gasto del sistema en Galicia haya aumentado en 950 millones de euros en el primer semestre. Y lo mismo ha sucedido con los rendimientos por el trabajo. Al margen de que el empleo de calidad haya crecido, los salarios pactados por convenio recogieron incrementos de salario del 3,8% en la comunidad hasta el mes de julio, y las cláusulas de revisión salarial han mejorado sustancialmente los ingresos de este colectivo.

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