Las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre tendrán una duración máxima de 75 años. Ese plazo incluye tanto el inicial como sus posibles moratorias, con lo que se deroga el artículo 2.3 de Ley de Costas 2013 y en el que el gobierno de Mariano Rajoy introdujo las «prórrogas extraordinarias» para frenar el derribo de miles de construcciones erigidas en primera línea y abocadas ahora a la inundación.