Trabajo endurece sus inspecciones a Glovo: multa de 2 millones de euros por 351 falsos autónomos

La Inspección de Trabajo estrecha el cerco sobre el modelo laboral de Glovo y endurece sus sanciones ante el reiterado uso de repartidores como falsos autónomos. La 'policía laboral' ha levantado acta y ha impuesto una sanción de 2,06 millones de euros a la empresa de reparto a domicilio por emplear a 351 'riders' de manera fraudulenta en Girona, Tarragona y Lleida, tal como confirman fuentes conocedoras a EL PERIÓDICO. Esta es la primera actuación que trasciende de una serie de inspecciones en todas las provincias españolas donde tiene actividad Glovo y le serán notificadas durante los próximos meses. Esta operación está llamada a ser la mayor actuación contra falsos autónomos en la historia reciente de España y el importe final de la misma podría rondar los 100 millones de euros. Desde la compañía, a preguntas de este medio, han declinado realizar declaraciones. Los despachos de las sedes provinciales de Inspección de Trabajo llevan meses realizando la laboriosa tarea de recabar y cruzar miles de datos de repartidores que en algún momento u otro de los últimos años han llevado pedidos a través del aplicativo de Glovo. Ya hace unos años hubo una cascada de inspecciones de lo que se podría denominar la primera generación de actuaciones sobre el modelo laboral de Glovo. Barcelona, Madrid, Zaragoza… las capitales se fueron sucediendo dejando un mismo resultado: sus 'riders' operaban como falsos autónomos. Y en el mismo sentido falló el Tribunal Supremo. Ahora la Inspección entra en una segunda generación de actuaciones, cuyos incumplimientos saldrán mucho más caros a Glovo. La principal diferencia es que la primera vez la 'policía laboral' se limitó a emitir requerimientos. Es decir, exigir a Glovo que pagara lo que se había ahorrado hasta entonces empleando a sus ‘riders’ como falsos autónomos y no como asalariados. Y que la Seguridad Social había dejado de cotizar, en detrimento también de los ‘riders’, con menor protección social (ni vacaciones pagadas, ni prestación de paro, entre otros). Ahora a estos requerimientos se suman las sanciones por reiterado incumplimiento, lo que multiplica la factura final que tendrá que pagar la sociedad fundada por Óscar Pierre en 2014 y que desde la madrugada del 31 de diciembre del 2021 es mayoritariamente propiedad del gigante alemán Delivery Hero. Como dato, según la información a la que ha tenido acceso este medio, de los 2,06 millones que deberá pagar Glovo a la Seguridad Social, solo 419.918,18 euros se corresponden a requerimientos de cotizaciones pendientes y el resto son sanciones por reiterado incumplimiento. Los 351 ‘riders’ detectados como falsos autónomos en Girona, Lleida y Tarragona representan solo la punta del iceberg de la que está llamada a ser el mayor operativo de la Inspección de Trabajo hasta ahora. En Barcelona, según adelantó este medio, la cifra que maneja la dirección provincial y cuya acta podría cerrarse muy prontamente ronda los 8.600 repartidores. A razón de una multa –habrá que ver lo que suma el requerimiento- de 4.689 euros por ‘rider’, el importe de saque sería de 40,3 millones de euros solo en la capital catalana. Barcelona es la plaza fuerte de Glovo, allí donde empezaron a pedalear sus primeros repartidores y donde mantiene el mayor operativo. En toda España, según apuntan fuentes conocedoras del sector, la flota de Glovo de ‘riders’ autónomos podría rondar los 16.000 efectivos. Desacato a la ‘ley rider’ El pulso entre el Ministerio de Trabajo y Glovo es discreto pero manifiesto desde el 12 de agosto del 2021, cuando entró en vigor la bautizada como 'ley rider'. Según la misma, todo repartidor de plataformas digitales debe operar como trabajador asalariado y así lo acataron el resto de empresas del ‘delivery’ que mantuvieron su operativa en España. Deliveroo hizo cálculos y decidió marcharse porque no le salía a cuenta cumplir la ley, Uber Eats se pasó al modelo de flotas subcontratadas y JustEat –que nunca llegó a operar con autónomos- ha empezado a contratar directamente a gran parte de su flota. Pero Glovo decidió mantener su operativa de autónomos y únicamente tiene contratados a aquellos ‘riders’ de la división de ‘grocery’, es decir, que reparten productos de sus supermercados fantasmas. Cambió parte de sus relaciones con los repartidores autónomos, liberalizando tarifas y eliminando la asignación previa de horas de trabajo, pero manteniendo la aplicación y el algoritmo como eje de su relación con los ‘riders’. Este último es el principal argumento que tanto la Inspección como el Supremo ha identificado como origen de la subordinación del repartidor a Glovo y que no ha cambiado hasta ahora. Las inspecciones de Girona, Tarragona y Lleida todavía no evalúan el proceder de Glovo tras la entrada en vigor de la ‘ley rider’ y sus datos se remiten a operativa hasta el 11 de agosto del 2021. No obstante, fuentes conocedoras de las actuaciones inspectoras afirman que las investigaciones sobre el último año de operativa de Glovo ya están en marcha y que una vez concluyan –lo que puede alargarse varios meses o más de un año- decidirán si suman o no mayores sanciones a los balances de la firma de las mochilas amarillas. Las actas de la Inspección son recurribles y Glovo puede impugnarlas ante los tribunales, lo que, de acabar estos ratificando la decisión inspectora –tal como han hecho unánimemente hasta ahora- retrasaría el pago por parte de la empresa. No obstante, lo elevado del importe puede generar problemas en la cuenta de explotación de Glovo. Desde la cúpula de Delivery Hero, el gigante alemán del ‘delivery’ en Europa que tiene casi el 90% de la propiedad de Glovo, firmaron un compromiso de adaptar el modelo laboral de la compañía para cumplir con la legalidad vigente. Como condición necesaria para que el Gobierno aprobara su compra, que se cerró formalmente este pasado 4 de julio.

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Las actuaciones en Girona, Tarragona y Lleida son la punta del iceberg de la mayor operación contra falsos autónomos en España

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