Las empresas de energía fotovoltaica se lanzan a la compra de suelo agrícola en Aragón

La lucha de La Fueva (Huesca) sigue firme. La reunión de la pasada semana de los representantes del valle con el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, ha traído de vuelta a la actualidad el problemático caso de las placas solares, que amenazan con invadir los terrenos más variopintos de la comunidad. El afán de los promotores para el acopio de tierras genera un proceso de especulación y de indefensión para los agricultores, según explican estos al tiempo que piden que los poderes públicos eviten el fraccionamiento artificial de proyectos, realizado para evitar los debidos controles. Desde la unión de agricultores de Uaga entienden que cada proyecto de implantación de energías renovables debería contener una evaluación del impacto agrario que ocasiona en el territorio en el que se implanta. Además, proponen que debería existir una prohibición de instalaciones en zonas con alto valor agrario. Tampoco pasan por alto el modo en el que afecta al paisaje y el entorno. "En algunos casos es conflictivo porque no solo es la pérdida de suelo como elemento de producción, sino como medio de producción o de lugar de trabajo. Hay una afectación, por ejemplo, en la comarca de Cariñena, donde hay mucho viñedo implantado. La pérdida de superficies de viñedo supone no solo la pérdida de uva, sino de mano de obra y de trabajo en las cooperativas o bodegas. Es decir, tiene también un componente laboral, no solo agronómico", explica Pablo Martínez, abogado de Uaga. No se pueden dejar de lado, además, los perjuicios indirectos, ya que los proyectos plantean soluciones sencillas para el promotor sin atender al daño efectivo que causa en las fincas colindantes, explican los agricultores. Todo el conjunto desembarca en la inevitable necesidad de que se establezca una ordenación que, por lo que se sabe, tardará en llegar. "Resulta indispensable la existencia de una regulación clara que establezca las condiciones mínimas en las que pueda producirse la cesión de los terrenos y las obligaciones que corresponden a las partes contratantes, así como las garantías que futuras". Energías con respeto por el equilibrio territorial En este momento, se entiende que la situación geopolítica va a acelerar la transición energética, pero esta perturbará algunas economías y causará una nueva dependencia en otras. Ahí queda la dualidad entre la apuesta por las energías renovables, que son una fuente de energía limpia, versátil y barata, y el respeto por un equilibrio territorial y social. La preocupación de los agricultores es que se construyan infraestructuras abiertas que condicionen el desarrollo actual sin límite. "En nuestro caso –cuentan desde La Fueva– crean una línea de evacuación y si hoy pueden poner 200 hectáreas y la línea de evacuación admite 100 más, mañana las acabarán poniendo". En cualquier caso, son numerosos los casos de empresas de energía fotovoltaica que se presentan en cualquier parte del territorio ofreciendo distintas cantidades por hectárea. Casi ninguna llega a los 2.000 euros anuales por cada 100 áreas, pero son muchos los contratos que se han firmado cerca de esa cifra. "Si tienes una hectárea en un pueblo que está dejada de la mano de dios y viene un señor y te dice que te la va a alquilar para placas por una cantidad de dinero espectacular (se están firmando contratos en Zaragoza por 1.900 euros al año), pues la gente no tiene muchas dudas. Todo en el caso de que se haga el parque porque ahora lo que se está haciendo es ofertas o reservas de tierra», dice Martínez, a la espera de que el proceso se complete y lleguen los permisos necesarios para estas nuevas compañías que, en general, siguen el mismo patrón. "Buscan suelo para tener una reserva por la que hasta hace dos años pagaban. Ahora ya no quieren pagar por eso, pero sí quieren disponer de hectáreas que estén cerca de los puntos de evacuación para cuando salga la decisión ministerial", explica el abogado de Uaga, que recuerda que el problema de la energía "no es producirla sino engancharla" a la red estatal. "La idea es tener la tierra cerca del espacio por donde podemos meter luz a la red para poder llevarla hasta ese punto cuando el ministerio lo saque a concurso". Una hectárea no es rentable. El rendimiento empieza a serlo a partir de las 200 o 300 hectáreas. "Primero hacen la reserva. Luego, si les aprueban el concurso, ya ven la superficie más adecuada. Es cuando hacen el proyecto, lo declaran de utilidad pública y pueden empezar a construir con las licencias oportunas", prosigue Martínez, que puntualiza: "Ahora pagan solo en caso de que se apruebe el concurso. Pero existen muchas dudas jurídicas porque hay empresas que ofrecen contratos con unas cláusulas complicadas difíciles de cumplir. Aquí, en cuanto al contenido del contrato, lo importante es no solo negociar el importe económico sino también las garantías de pago, qué ocurre en caso de subrogación…". Queda por saber qué tierras eligen para convertir la luz solar. ¿Secano, regadío, más o menos fértiles? Les importa poco. El Ministerio de Transición Ecológica tiene unos mapas donde marca determinadas zonas que no tendrían la declaración de impacto ambiental, así que la empresa que decide montar un parque "busca no tener problemas medioambientales". La cuestión es que a las empresas "les da igual qué tipo de terreno sea". "Para que tú, que eres el dueño de la tierra, cobres 1.800 euros al año, a mí que soy agricultor y la estoy cultivando, me tienes que dejar sin trabajo" El problema llega por cuestiones ambientales, ya que se han planteado poner placas en sitios donde no solo es un atentado contra el medio ambiente sino contra el paisaje, con elementos reflectantes y transformando el territorio. "Además, quedan los inconvenientes sociales. Porque para que tú, que eres el dueño de la tierra, cobres 1.800 euros al año, a mí que soy agricultor y la estoy cultivando, me tienes que dejar sin trabajo". No se puede hacer un trazo general de los arrendatarios porque hay "quien tiene 40 hectáreas y no quiere ni oír hablar de esas placas, pero hay otros que tienen tres y aplauden". lo que genera mucho conflicto en algunas localidades, dice Martínez, que insiste en que no se trata "de estar a favor o en contra de las renovables porque en contra no puede haber nadie", sino de cómo se asientan en el territorio «y cómo afectan a una actividad en concreto». Hay zonas en las que no pasa nada por poner placas "y otras en las que no se deberían poner nunca". La producción de energía es necesaria, no se puede estar en contra, coinciden en mayoría los afectados por el cambio. El sinsentido puede llegar cuando en una zona que se ha declarado de utilidad pública por efectos agrícolas, ya sea para que haya una concentración parcelaria o una transformación en regadío, llegue alguien a poner placas. Es decir, el poder público estaría haciendo una inversión en un terreno cuyo aprovechamiento real sería otro. Hay zonas y zonas En cuanto a quiénes son los arrendadores, depende de las circunstancias personales. Hay sitios con tierra poco productiva donde todo el mundo está de acuerdo en poner las placas y otras zonas que son más productivas o en las que simplemente los agricultores prefieren seguir teniendo sus inversiones o mantenerlas para que continúen la explotación sus hijos. En cualquier caso, queda claro que se necesita una ordenación en las plantas y una intervención en los contratos. "Igual que hemos sido capaces de regular el contrato de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Arrendamientos Rústicos y Urbanos, tiene que hacerlo en estas cesiones de fincas". Los contratos son para tres decenios, nada menos. ¿Pero qué va a pasar dentro de 30 años? "Nadie lo sabe, claro. Hay una gran incertidumbre y es contra eso contra lo que tenemos que luchar"

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