La banca plantea llevar el efectivo a municipios de menos de 5.000 habitantes

La banca española está avanzando en estos días en su plan de medidas para mejorar el acceso a los servicios financieros básicos, particularmente al efectivo, de más de medio millón de personas en la España rural. Las patronales AEB (bancos), CECA (antiguas cajas de ahorro) y UNACC (cooperativas de crédito) trabajan en un esquema que divide a los municipios beneficiarios en cuatro grupos en función de su población: menos de 300 habitantes, entre 300 y 500, entre 500 y 1.000, y entre 1.000 y 5.000, según ha podido saber EL PERIÓDICO. En función de dicho tamaño, explican fuentes conocedoras de los trabajos, se aplicaría a cada grupo de municipios un cóctel distinto de las medidas que incluirá el plan de acción. La iniciativa sectorial, así, contempla instalar más cajeros automáticos; aumentar los acuerdos con Correos para utilizar sus oficinas para prestar servicios financieros básicos (una práctica extendida en países como Irlanda, Reino Unido o Australia y que en España ya han incorporado el Santander y algunas entidades de menor tamaño); ampliar la flota de oficinas propias móviles (los llamados 'ofibuses'); incrementar el número de agentes financieros (persona o empresa que actúa por cuenta de una entidad de crédito sin pertenecer a la misma); y alcanzar más acuerdos de 'cashback', es decir, de retirada de efectivo en establecimientos comerciales como gasolineras y farmacias. Estas son las líneas maestras de la propuesta de autorregulación que el sector ha trasladado al Ministerio de Economía, pero aún no han sido pactadas con el mismo con lo que aún pueden sufrir variaciones. De hecho, está el aire que el plan vaya a ser presentado antes de vacaciones, como se pretende. Uno de los aspectos que no está claro, así, es cómo se decidirá qué entidad debe implementar las medidas en cada municipio concreto. La idea es instrumentar el plan como una nueva ampliación del protocolo para "reforzar el compromiso social" del sector que las patronales firmaron hace un año y que incluía una serie de medidas en materia de inclusión y educación financiera, así como laboral, salarial, de sostenibilidad medioambiental y digitalización. Población excluida En dicho documento, se preveía la creación de un Observatorio para la Inclusión Financiera que elaborase un "mapa del acceso a servicios financieros en la España rural", que se va a presentar este martes y que las patronales encargaron a Joaquín Maudos (catedrático de análisis económico de la Universitat de València y director adjunto de investigación del Ivie). Para desarrollarlo, se han utilizado herramientas de geolocalización para conocer, en caso de no haber acceso bancario en un municipio, a cuántos kilómetros de carretera y qué tiempo de traslado está el punto de acceso más cercano. Como adelantó este diario hace un mes, sus dos principales conclusiones preliminares son que en torno a un 3,3% de la población (1,56 millones de personas, con datos del cierre de 2021) reside en poblaciones sin sucursal bancaria, aunque sí con alguna otra vía de acceso físico a los servicios más básicos (como los cajeros o los 'ofibuses'). En cambio, el 1,4% de la población (cerca de 665.000 españoles) no tiene acceso al efectivo en su municipio. Sobre este colectivo de municipios se planea desplegar los mayores esfuerzos, ya que además de estar más desatendidos, presentan en muchos casos una edad media de los habitantes entre siete y ocho años superior al conjunto del país, así como un nivel de renta algo más bajo. Coste compartido La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya urgió públicamente al sector el pasado enero a adoptar nuevas medidas para mejorar su servicio a las personas mayores. Tras un mes de negociaciones, de ello surgió un paquete de iniciativas que las patronales suscribieron como una primera ampliación del protocolo del año pasado. Ahora se trata de darle una nueva vuelta de tuerca centrada en la España rural. "Hay que decir que no solo es un problema de los bancos, el problema de la despoblación es un reto de todos. Hemos visto que también hay un tema ahí con los servicios públicos. Pero los bancos desde luego tenemos el compromiso de trabajar en esto como máxima prioridad para que no se quede ningún cliente atrás, independientemente de su lugar de residencia y de sus capacidades digitales", aseguró la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, hace unos días. El sector, eso sí, pide compartir los costes. "Se van a buscar soluciones, pero tienen que ser soluciones compartidas, porque el sector financiero es un servicio esencial pero no un servicio público. Tienen que combinarse con las administraciones públicas, que sí tienen que garantizar el servicio público. Tiene que haber por tanto una colaboración público-privada", argumentó unas semanas antes el portavoz de dicha patronal, José Luis Martínez Campuzano.

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