¿Qué es un pacto de rentas?

El Gobierno ha reunido a los representantes de patronal y sindicatos para volver a plantearles la necesidad de acordar un pacto de rentas a tres años, hasta 2025, para hacer frente a una inflación acelerada, que en junio llegó al 10,2%, mediante un compromiso de moderación de rentas salariales y de beneficios empresariales. Gobierno, Banco de España y economistas coinciden en señalar que un pacto de rentas es esencial para evitar que la inflación se enquiste en la economía española mediante los temidos efectos de segunda ronda: una espiral encadenada de subida de precios-beneficios-salarios que acaba retroalimentando sin límite la inflación. El antecedente histórico más relevante de un pacto de rentas en España se remonta a los Pactos de la Moncloa, en 1977. Era un momento muy diferente. ¿Qué es un pacto de rentas? Se plantea como un acuerdo a tres bandas del que se espera que los trabajadores aporten un compromiso de moderación de salarios (por debajo de la inflación) a cambio de que los empresarios ajusten sus márgenes y renuncien a trasladar a los precios de sus bienes y servicios todas las subidas de los costes de producción (como los derivados de la energía o las materias primas, por ejemplo). En un pacto de Estado al uso, además, el Gobierno debería poner sobre la mesa reformas o medidas que permitan compensar de alguna manera la pérdida de poder adquisitivo de los salarios o el aumento de costes que han de asumir los empresarios en el proceso. ¿Por qué se plantea? El actual proceso inflacionista español y europeo parte del encarecimiento de los productos energéticos y de alimentos importados, agravado por la guerra en Ucrania. Solo en los cuatro primeros meses del año, la factura energética de España con el exterior ha subido en más de 16.000 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se interpreta como un empobrecimiento de la sociedad española en su conjunto y lo que se propone en un pacto de rentas para "repartir" ese empobrecimiento entre los diferentes agentes económicos. ¿Para qué sirve? El pacto de rentas busca romper las espirales ascendentes de inflación. Si los salarios suben de acuerdo a la inflación, aumentan los costes de producción de las empresas y estas se ven abocadas a subir los precios de lo que producen. Eso eleva la tasa de inflación y vuelta a empezar: los sindicatos vuelven a pedir una mayor subida de salarios para evitar la pérdida de poder adquisitivo, los empresarios vuelven a subir los precios y así hasta que los negocios no pueden trasladar los costes, empiezan a reducir plantillas y estalla la crisis, con posibles cierres de empresas. Es esta secuencia de efectos de segunda ronda lo que busca romper un pacto de rentas. ¿Cómo se pueden moderar los salarios? Lo que los empresarios piden es una subida de salarios por debajo de la inflación prevista y que, en todo caso, no se apliquen cláusulas de revisión salarial que acaben compensando la pérdida de poder adquisitivo. Para 2022, por ejemplo, el Banco de España prevé una inflación media del 7,2%. En la negociación de un pacto de rentas se puede poner sobre la mesa una subida salarial por debajo de esta tasa y que, en todo caso, si la inflación se dispara por encima no se compense por ello. Los sindicatos rechazan firmar un cheque en blanco de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. El Banco de España, por ejemplo, propone tomar como referencia la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios más volátiles de energía y alimentos no elaborados. En junio la tasa general de inflación llegó al 10,2%, mientras que la subyacente alcanzó el 5,5%. ¿Se moderarán las pensiones? Este es uno de los puntos más polémicos. En 2022 ha entrado en vigor la ley que garantiza la subida de las pensiones con el IPC previsto y compensar por la desviación. Cada punto de inflación tiene un impacto de unos 1.500 millones en la política de gasto de pensiones. Desde el Banco de España se propone, por ejemplo, garantizar el poder adquisitivo solo de las pensiones mínimas y aplicar una subida menor al resto de las prestaciones de la Seguridad Social. El Gobierno insiste en que se aplicará la ley aprobada. ¿Cómo se pueden moderar los beneficios? Esta parte es mucho más difícil de precisar con una regla general. Lo que sobre este punto plantean los sindicatos es que el Gobierno apruebe una subida del impuesto de Sociedades, que se aplica sobre los beneficios, para financiar con estos ingresos ayudas con las que compensar a los trabajadores por una posible pérdida de poder adquisitivo. En particular los sindicatos plantean un porcentaje mínimo de tributación sobre el beneficio contable de las empresas (que no es lo mismo que el tipo mínimo actual del 15% que se aplica sobre la base imponible del impuesto) Las patronales rechazan las subidas de impuestos. ¿Cómo se pueden moderar los beneficios? Esta parte es mucho más difícil de precisar con una regla general. Lo que sobre este punto plantean los sindicatos es que el Gobierno apruebe una subida del impuesto de Sociedades, que se aplica sobre los beneficios, para financiar con estos ingresos ayudas con las que compensar a los trabajadores por una posible pérdida de poder adquisitivo. En particular los sindicatos plantean un porcentaje mínimo de tributación sobre el beneficio contable de las empresas (que no es lo mismo que el tipo mínimo actual del 15% que se aplica sobre la base imponible del impuesto) Las patronales rechazan las subidas de impuestos. ¿Qué puede aportar el Estado? El Estado podría poner sobre la mesa medidas fiscales o reformas con las que compensar de algún modo a los agentes sociales. El Gobierno esgrime que ya ha aprobado dos paquetes de medidas, por un importe de 15.000 millones hasta final de año, para intentar frenar el avance de los precios de la energía y de la inflación (como la rebaja del IVA de la luz o el descuento de 20 céntimos por litro de carburante) y para compensar a los colectivos más vulnerables (como el cheque de 200 euros para familias con ingresos anuales de hasta 14.000 euros). La vicepresidenta Calviño ha avanzado que la subida del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio en 2023 puede formar parte de ese pacto, pero ese propósito ya formaba parte de los compromisos del Gobierno para esta legislatura. También está sobre la mesa el compromiso del Gobierno de un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas. ¿Es posible un pacto de rentas en este momento? Parece difícil. El presidente del Gobierno lo pidió el pasado mes de marzo sin demasiado éxito. Patronal y sindicatos emprendieron un diálogo bipartito para un nuevo Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) para un periodo de tres años que acabó en fracaso por la discrepancia entre ambos sobre la incorporación de una cláusula de garantía salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. El AENC no es el pacto de rentas pero se puede interpretar como una de las piezas. Ahora que la vicepresidenta Calviño ha pedido a los agentes sociales negociar un pacto de rentas, también les ha instado a volverse a sentar en septiembre para reabrir el dialogo para un nuevo AENC. ¿Existen antecedentes? Siempre se cita el ejemplo de los Pactos de la Moncloa, en 1977. Entonces la inflación llegó al 28,4%, en plena crisis energética. Los sindicatos asumieron limitar al 22% la subida de los salarios. Los empresarios encajaron una reforma fiscal radical y un cambio del mercado laboral que otorgó nuevos derechos a los trabajadores. El Gobierno acometió un ambicioso plan de reformas para una sociedad y una economía recién salida de la dictadura y un fuerte aumento de la inversión. El contexto histórico actual no tiene nada que ver con aquel momento.

¿Qué es un pacto de rentas?

El Gobierno ha vuelto a instar a patronal y sindicatos a negociar un acuerdo para tres años de moderación de salarios y beneficios

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