Becarios: Trabajo quiere eliminar las prácticas extracurriculares en 2026

La negociación para el nuevo Estatuto del Becario entra en su fase decisiva y la intención del Ministerio de Trabajo es tenerla cerrada y con el primer trámite del Consejo de Ministros superado antes de acabar el mes de julio. Para que entre en vigor a caballo entre curso que viene y el 2023-2024. Uno de los principales cambios que introducirá la norma será la supresión de las prácticas extracurriculares, es decir, aquellas que un estudiante realiza durante su etapa académica pero que no computan para nota ni forman parte del itinerario obligatorio. Y para ello estudia un periodo de gracia para que universidades y empresas se adapten a su desaparición de tres años, según figura en el último borrador al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La extensión de ese periodo transitorio se erige ahora mismo como el principal escollo entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos. Las centrales, que son contrarias a la figura de las prácticas extracurriculares al entender que gran parte del uso fraudulento de becarios se concentra en las mismas, son partidarias de eliminarlas en el acto, aunque están dispuestas a aceptar una supresión en dos años. Desde el Ministerio de Universidades, reacios a la reforma, piden más tiempo para que los centros se adapten al cambio normativo. Y la CEOE tampoco gusta de renunciar a esta figura y en la última reunión formal presentó una nueva propuesta de 27 páginas que enmendaba gran parte de la reforma. Propuesta que reconocen desde la patronal -pero de la que no dan más detalles- y que desde Trabajo y las centrales no están dispuestos a aceptar, según coinciden fuentes del diálogo social. A falta de cómo acaben atando este último cabo durante la próxima reunión, fijada para el 13 de julio, la idea de Trabajo es reconducir todo ese flujo de prácticas extracurriculares hacia las curriculares, es decir, las que reconocen créditos y vienen contempladas en el plan académico de los centros. Entendidas estas como aquellas “que alcancen o superen 60 créditos ECTS, siempre que la duración de las prácticas, en su conjunto, no supere el 20% por curso académico del tiempo del total de créditos de la titulación en cuestión”. Así se pretende también aumentar el número de vacantes disponibles para las mismas. O, en su defecto, hacia el nuevo contrato formativo contemplado en la nueva reforma laboral y que sería asimilable a la clásica figura del aprendiz. La empresa paga el transporte Tras la entrada en vigor de la reforma, cuando un estudiante vaya a realizar unas prácticas deberá suscribir una especie de contrato con la empresa o universidad donde vaya a realizarlas. Este deberá especificar un pago en concepto de compensación de gastos como el “desplazamiento, alojamiento o manutención”, según recoge el borrador (que no establece importe mínimo para ello). La empresa podrá elegir que, en vez de pagarle el transporte, puede darle directamente, por ejemplo, un abono para metro, bus o similares. También el horario (que no podrá ser nocturno ni a turnos), el centro de trabajo y un sistema de tutorías para evaluar durante las prácticas el desempeño del alumno y darle seguimiento a este durante las mismas. El estudiante no podrá realizar prácticas vía teletrabajo en más del 50% de su tiempo de práctica. Bonificación del 90% de las cuotas La otra principal novedad del Estatuto del Becario será la obligación de los estudiantes en prácticas de cotizar a la Seguridad Social durante el desempeño de las mismas. Hasta ahora solo cotizaban aquellos que realizaban prácticas extracurriculares y/o remuneradas y ahora lo harán también los de las prácticas curriculares no remuneradas (la mayoría). Dicha cotización dará derecho a futuras prestaciones por desempleo una vez el becario tenga su primer contrato laboral y sea despedido o no renovado. No obstante, el esfuerzo que requerirá la Seguridad Social a las partes implicadas –tanto universidades (las principales empleadoras de becarios) o empresas- será mínima-. Existe consenso entre las partes de que el Estado bonificará el 90% de las cuotas. Aquí el departamento dirigido por José Luís Escrivá ha ido subiendo su contribución durante las negociaciones para vencer las resistencias de Universidades y la Conferencia de Rectores, que tanto en su papel de empleadoras como de intermediarias se han opuesto a cualquier aumento de costes. Empezó en el 75% y finalmente será el 90% de bonificaciones, que se traducirá en un pago de menos de 10 euros al mes en la mayoría de los casos, según cálculos de fuentes del diálogo social. Y para atraer a la patronal a un acuerdo, el Gobierno habilitará que las empresas puedan financiarse el coste de las tutorías obligatorias mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Sin tope de becarios por empresa Si bien en los primeros compases de la negociación Trabajo planteó establecer un tope de becarios por empresa, en función del tamaño de la plantilla de la misma, ahora ese límite está descartado. Si bien sí se explicita que el número de becarios nunca podrá exceder el 20% de la plantilla. Como sustituto, el último borrador contempla que "cada persona tutora podrá tener como máximo, de modo simultáneo, a cinco personas en formación práctica". Y, en caso de empresas de menos de 30 trabajadores, "el límite anterior será de tres personas en prácticas por cada persona tutora".

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