Las declaraciones en prensa de a comienzos de año del CEO de Stellantis, Carlos Tavares, no dejaban lugar a dudas. Con la posible instalación de una gigafactoría de baterías del grupo en el país como telón de fondo, el luso dejaba claro que la relación entre el principal fabricante del país (y cuarto del mundo) y el Gobierno estaba casi rota y que no se habían puesto en contacto para negociarlo. Aunque la Administración desmintió a Tavares y hubo un cruce de declaraciones, semanas más tarde la situación se agravó con dos hechos: por un lado, la negativa a llevar la alta tensión a la factoría de Vigo, ratificada de nuevo la semana pasada como adelantó FARO; por otro, la convocatoria del Perte VEC (para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado), cuyas rígidas bases hacían imposible cuadrar el principal proyecto que persigue el grupo para sus plantas en España: la instalación de las nuevas plataformas industriales para vehículos eléctricos (denominadas STLA) y, por consiguiente, la asignación de futuros modelos. Ahora, el Ministerio de Industria parece dispuesto a restablecer puentes con el grupo. La ministra Reyes Maroto se reunirá esta misma semana con el vicepresidente industrial del grupo, Arnaud Deboeuf. Sobre la mesa estarán las nuevas vías de financiación de las que ya habló el propio director de Balaídos, Ignacio Bueno, para poder fijar el futuro de la planta, la más productiva de Europa, a la ciudad.