La Sindicatura de Comptes considera que la empresa Ferrovial cobró 1,55 millones de euros de "sobrecoste no justificado" a la Conselleria de Salut por el contrato de rastreadores covid firmado entre junio del 2020 y enero del 2021. Así lo ha determinado el organismo fiscalizador en un informe publicado este miércoles, en el que también reprocha a la administración catalana una falta de control sobre la empresa gestora, tanto en el servicio de rastreadores como el primer contrato de atención telefónica del 061, por los que la contrata se embolsó 39 millones de euros.
El 29 de mayo del 2020 la Conselleria de Salut aprobó un contrato por valor de 17,69 millones de euros a Ferroser Servicios Auxiliares S.A., filial de Ferrovial. Dicho contrato era por la gestión durante seis meses del servicio de seguimiento de los contactos entre personas contagiadas del coronavirus. Los conocidos como popularmente como rastreadores, que llamaban a los enfermos para establecer su red de contactos estrechos durante los días previos al contagio para intentar aislarlos y minimizar nuevas infecciones.
La Sindicatura considera que de esos 17,69 millones de euros hubo un total de 1,55 millones que la Generalitat pagó de más, ya que Ferrovial hizo un cálculo al alza de las horas de trabajo y personal requerido para el servicio. "El sobrecoste finalmente pagado en la ejecución de este contrato en relación con su valor estimado no es razonable y no cumple los principios generales de economía y eficiencia en la gestión de los fondos públicos". Desde la Conselleria de Salut atribuyen el sobrecoste detectado a un error de cálculo de la Sindicatura, aunque reconocen una desviación no justificada de un mínimo de 600.000 euros.
El órgano fiscalizador ha peinado en su informe un total de 34 contratos firmados entre el periodo 2016 y 2018 por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), además 26 contratos más asignados por la vía de emergencia durante el 2020. Ambos paquetes suman un valor total de 55,1 millones de euros. Ferrovial fue el grupo empresarial que mayor importe total se adjudicó entre los contratos fiscalizados: un total de 39 millones de euros.
Cláusula no ajustada a derecho
El otro contrato fiscalizado es el del teléfono del 061. Allí Ferrovial firmó en 2018 la licitación del servicio por dos años, que posteriormente fueron prorrogados y por los que, como mínimo hasta el 5 de julio, sigue rigiendo el servicio. Si bien el contrato fiscalizado por la Sindicatura era de inicialmente 21,3 millones de euros, sumando las renovaciones y las ampliaciones la factura final asciende a 44 millones de euros sin IVA, según consta en el registro público de contratos de la Generalitat.
Sobre el mismo la Sindicatura considera que el importe inicial está mal configurado, ya que no detalla en qué gastará Ferrovial esos millones y no desagrega por partidas ni qué beneficio se lleva la contrata. También que Ferrovial incluye una cláusula de mejora de las condiciones salariales de los trabajadores por la que aumenta el precio en 2,5 millones de euros. De la que la Sindicatura considera que "no es conforme a derecho, porque no constituye ninguno de las cláusulas sociales previstas en la normativa de contratación pública, [...] ni tampoco que redunde necesariamente en una mejora de la calidad en la ejecución del guardo".
CUP y 'comuns' urgen a internalizar el 061
La publicación del informe de la Sindicatura ha coincidido este miércoles con una sesión de control del Govern en el Parlament. En la misma, desde la CUP han criticado a Salut por no haber iniciado los trámites para internalizar el 061 y seguir en fase de estudio del mismo, seis meses después de comprometerse a ello. Una crítica que un día antes profirieron los 'comuns' desde el mismo Parlament, en aras de que la actual licitación vence el 5 de julio y la Conselleria dirigida por Josep Maria Argimon ya ha iniciado el proceso para una nueva licitación de hasta cuatro años más y con un importe para el futuro adjudicatario de 95 millones de euros, tal como avanzó EL PERIÓDICO.