El Gobierno planea destinar más viviendas de la Sareb a fines sociales

El Gobierno quiere darle un nuevo impulso social a la Sareb tras la toma de control de la empresa inmobiliaria por parte del Estado en marzo. Los Ministerios de Economía (como responsable de la compañía) y de Transportes (encargado de la política estatal de vivienda) están trabajando junto al de Inclusión (competente en materia de refugiados) para ampliar las viviendas que la firma destina a fines sociales, según han confirmado fuentes conocedoras a EL PERIÓDICO. La medida irá incluida en principio en la actualización del plan de negocio de la compañía de este año, prevista para el próximo otoño. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dio una pista al respecto el pasado miércoles en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Menéndez Pelayo. "Vamos a seguir apoyando una gestión profesional y financiera responsable de la entidad, que nos permita recuperar el máximo de las ayudas públicas, y también vamos a tratar de impulsar la responsabilidad social. Ya lo venimos haciendo, desde que llegamos al Gobierno hemos influido para que se aumentase el parque de vivienda pública de Sareb hasta las 15.000, impulsando la colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y vamos a seguir trabajando en esa misma dirección", adelantó. Según las fuentes consultadas, los ministerios implicados están ahora determinando cuántas viviendas de la Sareb -el conocido como 'banco malo' que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras rescatadas en 2012 y 2013- se pueden usar para fines sociales y a qué precio. Así, subrayan, no todos los inmuebles de la compañía son viviendas y no todas sus viviendas son habitables, ni siquiera con una inversión razonable. En cualquier caso, apuntan, el Gobierno está convencido de que la Sareb puede jugar un rol mayor en los próximos años en favor de la inclusión social de las personas en situación vulnerable. Viviendas cedidas Desde 2013, la Sareb ha cedido 3.328 viviendas a comunidades autónomas y ayuntamientos para fines sociales (1.659 en vigor al cierre de 2021), lo que ha beneficiado a unas 13.300 personas, además de haber vendido otras 375 a dichas administraciones. El parque de inmuebles que la compañía ha puesto a disposición del sector público subió de las 4.000 iniciales hasta las 10.000 en 2020. En 2021 se dio un nuevo salto para ampliar progresivamente el parque hasta las 15.000, merced a un acuerdo por el que el Ministerio de Transportes se comprometió a asumir parcialmente los gastos de la cesión y de la rehabilitación y acondicionamientos necesarios para garantizar la habitabilidad de los inmuebles. El problema que se ha encontrado la empresa es que las cesiones han sido menores a las inicialmente previstas, pese a que la Sareb asume la mitad del gasto para hacerlas habitables, por las dificultades de las administraciones locales más pequeñas para gestionar los activos y por la falta de viviendas en localidades donde se le solicitaban. Por ello, la sociedad presidida por Javier Torres ha concedido directamente 1.144 alquileres a precios asequibles a clientes vulnerables (familias que ocupan inmuebles de su propiedad provenientes en su mayoría de antiguos promotores, con contratos previos al traspaso de los activos a la Sareb), lo que ha beneficiado a otras 4.570 personas, con una tasa de impago de en torno al 60%. Paralelamente a los planes del Gobierno, la Sareb está impulsando la gestión social de las viviendas habitadas que no ha cedido. Para ello ha fichado recientemente al experto Pau Pérez de Acha, proveniente del Sabadell y CaixaBank, como director de vivienda asequible y social. La nueva división de la compañía se va a ubicar en la sede operativa de la gestora inmobiliaria Servihabitat en Cornellá de Llobregat y su equipo (18 personas en un primer momento) se repartirá entre Catalunya y Madrid, según ha podido saber este diario. Programa de apoyo La compañía, así, está desplegando un nuevo sistema de acompañamiento social y laboral que prevé extender a cerca de 9.800 familias que ya habitan en viviendas de su propiedad, prácticamente la totalidad de sus inquilinos. Por una parte, les ofrecerá una renta asequible ajustada al 30% de sus ingresos. Pero además, ha fichado -durante tres años, renovables por otros dos- a las compañías especializadas Servihabitat, Sogemedi y Gesocin. Las tres empresas destinarán unas 60 personas en un primer momento a gestionar la habitabilidad de los inmuebles y a ayudar a dichas familias a salir de la situación de vulnerabilidad (informándoles de ayudas públicas y de formación u ofertas de trabajo, por ejemplo). El 31 de julio entrarán en el programa 3.000 familias y el 30 de septiembre, el resto. La compañía aspira a bajar los impagos en estas viviendas hasta entre el 5% y el 8%, una tasa similar a la del parque de viviendas sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Ello le permitirá lograr una rentabilidad por dichos inmuebles -que ahora no le aportan nada- de entre el 1,5% y el 2%, lo que le ayudará a cumplir sus objetivos financieros y a devolver la deuda avalada por el Estado, con lo que el plan aúna su vertiente social con la devolución de ayudas.

El Gobierno planea destinar más viviendas de la Sareb a fines sociales

La nueva dirección de vivienda social y asequible de la compañía se ubicará en la sede de Servihabitat en Cornellá

Lo más visto