Fue como una liberación. La supresión del impuesto al sol en 2018 resultó decisiva para impulsar un sector, como es el fotovoltaico, que hasta entonces había permanecido poco menos que atado de pies y manos por la falta de rentabilidad. Las consecuencias no tardaron en dejarse notar, con un notable incremento de los proyectos de autoconsumo tanto industriales como residenciales que, en cualquier caso, no es ni comparable con lo que está aún por llegar. Y es que la imparable escalada de los precios de la electricidad, unida a los fondos que van a llegar desde la Unión Europea, van a multiplicar por cinco tanto las instalaciones como la potencia hasta 2030 en España, satisfaciendo la demanda de unos consumidores ávidos por ahorrar en la factura de la luz. Las perspectivas de negocio son tan notables que, incluso, las grandes compañías eléctricas se han subido con fuerza a este carro que, hasta hace bien poco, era territorio casi exclusivo de pequeñas empresas. La burbuja, con todo, está hinchándose a tal velocidad que corre riesgo de estallar si no se consigue mano de obra especializada y si persisten los problemas en el suministro de componentes.